La presencialidad arrancó este miércoles 1 de septiembre en los Tribunales de toda la provincia de Córdoba.
Sobre un total de 231 empleados de la justicia provincial en San Francisco, sólo una empleada se negó a cumplir con lo establecido en la acordada sancionada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por medio de la cual se ordena a partir de este 1° de septiembre el retorno a la actividad presencial en los Tribunales de toda la provincia de Córdoba.
La acordada deja constancia que todo aquel empleado que se niegue a la vacunación contra la Covid-19 deberá presentar un certificado de PCR negativo cada tres días, caso contrario deberá acceder a una licencia sin goce de sueldo.
En San Francisco se registraron otros dos casos, pero fueron zanjados con éxito.
LA VOZ DE SAN JUSTO consultó a la doctora Rosana Peredo, delegada de administración del Poder Judicial, acerca de la situación en los tribunales de San Francisco y ésta reveló que «se presentaron tres casos especiales de personas que no se han vacunado, una de ellas decidió a partir de la acordada dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que es de público conocimiento, presentarse a trabajar sin estar vacunado. Al informarle de la situación, se retiró para ir a colocarse la vacuna y este jueves se reintegra al trabajo. Un segundo caso es el de un trabajador que no está vacunado, pero presentó un certificado médico, en donde un dermatólogo certifica que la colocación de la vacuna le ocasionaría un problema específico en la piel, eso fue elevado a Medicina Forense de Córdoba, allí se lo analizó y se lo aceptó de manera excepcional, por lo que éste empleado fue eximido de vacunarse y continuará con el sistema de teletrabajo. Por último, un tercer caso fue el de una empleada que también se presentó este miércoles sin haber cumplido el requisito de la vacunación, se le explicó la situación y que para poder trabajar debía presentarse con el PCR negativo cada tres días, en caso contrario debía retirarse a su domicilio».
La doctora Peredo confirmó que esta empleada, por decisión de la administración general del Tribunal Superior, «debía atarse a la reglamentación vigente en cuanto a la vacunación covid-19, que establece el haberse vacunado. Como está persona insistió en su postura, se le informó que a partir del día de la fecha se encontraba de licencia sin goce de haberes, por lo que no correspondía su prestación de servicios». La magistrada agregó que esta medida establece la prohibición para esta empleada de su ingreso a cualquier edificio del Poder Judicial por ninguna razón vinculada a su quehacer laboral.
La vocal de la Cámara del Trabajo, a cargo de la delegación administrativa del Poder Judicial, confirmó que el resto de los empleados de los tribunales y de la Unidad Judicial cumplieron con el esquema de vacunación contra la covid-19.
En cuanto a la situación en las sedes de Arroyito, Morteros y Las Varillas, se informó que, en la sede de Arroyito, sobre 43 agentes, se dieron tres situaciones: dos que se vacunaban ayer por la tarde y hoy jueves se reintegraban, y un funcionario no vacunado que a la fecha faltó por encontrarse de licencia.
En Morteros, sobre 37 agentes, se registró el caso de uno de ellos que no se vacunó y que por lo tanto no se presentó a trabajar.