Tras atravesar una profunda crisis económica que se agravó en el último año, la Justicia declaró la quiebra de la láctea Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA). La firma, de accionistas de Vicentin Family Group y gerenciada —con opción a compra— por la empresa venezolana Maralac, producía reconocidas marcas que había adquirido a SanCor, entre ellas SanCor Yogs, SanCor Vida, SanCor Shimy y Sancorito. La decisión llegó tras la frustración del proceso de reestructuración que la compañía venía llevando a cabo. El gremio de la industria dijo que 550 trabajadores “quedarán en la calle”.

En el marco del expediente N° 24.424/2023, correspondiente al concurso preventivo de ARSA, el juez Federico Güerri, subrogante del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 29, resolvió el 31 de octubre pasado declarar la quiebra de la empresa, ordenando la liquidación final de sus activos y el cierre definitivo de todas sus instalaciones.

Según pudo saber LA NACION, tras el período de concurso preventivo, en el que la empresa presentó una propuesta a sus acreedores sin lograr las mayorías necesarias para aprobarla, el expediente avanzó hacia la etapa de salvataje, prevista en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ). Este mecanismo busca dar una última oportunidad a las compañías en crisis, permitiendo que terceros, incluidos los trabajadores organizados en cooperativas, presenten ofertas para adquirir la firma y evitar su quiebra. Si alguna de esas propuestas logra el aval de los acreedores y la homologación judicial, la empresa puede continuar operando bajo nueva conducción; de lo contrario, se decreta la quiebra indirecta.

“La ley en eso es muy clara y directa: si no se presenta nadie al salvataje se declara la quiebra. Es secuencial y automático. El gremio de Atilra, en su momento, hizo alguna presentación, pero no en este tema puntualmente. Algunos acreedores se presentaron en la etapa del concurso, pero ahora se abre una nueva etapa para que se presenten acreedores de fecha posterior al concurso. El síndico tendrá que hacer un dictamen, de acuerdo a sus criterios científicos, quiénes son o quiénes no son acreedores y después emite una resolución al juez, donde determina quiénes son definitivamente acreedores, por cuánto dinero y quiénes no lo son”, indicaron fuentes consultadas del Juzgado.

En detalle, el Juzgado Comercial 29 decretó la quiebra de ARSA, tras confirmar que “no se inscribió ningún interesado” en el registro abierto para el rescate y así ordenó la inmediata inhibición general de bienes, el bloqueo de todas las cuentas bancarias y la interdicción de salida del país para su principal administrador.

La clave de la resolución fue que “no se inscribió ningún interesado en el registro abierto a los fines del salvataje de la concursada”. Ante la ausencia de un comprador o inversor que pudiera rescatar la compañía, el juez subrogante no tuvo más opción que dictar la quiebra.

Vale recordar que la quiebra conlleva una serie de medidas precautorias inmediatas para asegurar los activos en favor de los acreedores, que incluyen el bloqueo total de la operatoria financiera de la empresa.

Primero, se decretó la “inhibición general de bienes de la fallida”. La medida se mantendrá “inscripta hasta que medie disposición en contrario de este Juzgado”, ya que es la garantía del crédito de los acreedores.

Se ordenó, además, al Banco Central que comunique a “todas las instituciones financieras y a los proveedores de servicio de pago del país” la quiebra de Alimentos Refrigerados SA. Las órdenes judiciales incluyen “cerrar todas las cuentas corrientes de la fallida, plazos fijos, caja de ahorro y demás imposiciones a su favor”. Adicionalmente, se dispuso “embargar y transferir los saldos existentes al Banco de la ciudad de Buenos Aires” a una cuenta abierta para el expediente.

Incluso se ordenó que se informe si existen “cajas de seguridad a nombre de la fallida” y, en caso afirmativo, se disponga “el bloqueo del ingreso de los titulares y -de existir- a los autorizados a la caja de seguridad referida”. A los terceros, la resolución les “prohíbe a los terceros hacer pagos a la fallida, los que serán ineficaces”.

Una de las medidas más severas es la clausura inmediata de los establecimientos de la deudora. ARSA tiene dos plantas industriales: una en Arenaza, provincia de Buenos Aires, y otra en Monte Cristo, provincia de Córdoba. En este contexto, la quiebra tuvo consecuencias directas e inmediatas también sobre el presidente de la sociedad, Santiago Jesús Segovia Brun.

De manera contundente, la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra) se manifestó al respecto y dijo que “la quiebra de ARSA dejará en la calle a 550 trabajadores”.

“Esta situación tiene mucho en común con lo que sucede con La Suipachense. Vicentin Family Group (Uruguay) le da el gerenciamiento al grupo venezolano de la familia de Alfredo Fernández. Este grupo también va a quebrar a La Suipachense. Han presentado un plan de reconversión que solo es una manifestación de deseos. Son empresas que no han presentado los balances», remarcaron.

Por último, agregaron que “el sector no vive un mal momento, por el contrario, hay una gran producción; bajo consumo interno, muchas exportaciones». “Los empresarios lácteos que administran bien, les va bien, a los que no, quiebran”, enfatizaron.

Lo que sigue

La resolución fija el calendario para que los acreedores puedan verificar sus deudas. El plazo para que “los acreedores formulen el pedido de verificación de sus créditos ante la sindicatura” vence el 9 de febrero de 2026 y “los alcances y procedencia de los créditos insinuados será dictada –a más tardar– el 13 de marzo próximo. Respecto a los bienes de la empresa, la sindicatura “comenzará el trámite de enajenación inmediatamente después de ubicado algún bien”.

Un conflicto que lleva años

Fue en mayo de 2024 cuando los problemas de la empresa comenzaron a visibilizarse y se abrió su concurso preventivo, planteándole al gremio Atilra la necesidad de suspender parte de sus empleados.

En la compañía indicaban que estaban pagando los sueldos “con dificultad” e incluso, a veces, “desdoblados”, pero que por la caída del consumo era muy complicada la recuperación. Insistían que para poder seguir cumpliendo con los trabajadores tenían que poder seguir produciendo porque los ingresos eran solo los provenientes de la comercialización.

Los problemas continuaron y se profundizaron en mayo pasado, cuando la empresa láctea decidió suspender por 30 días la actividad en sus plantas de Córdoba y Buenos Aires. Para entonces, ambas instalaciones ya enfrentaban cortes de energía por falta de pago, una señal del deterioro financiero que atravesaba la compañía.

Por Mariana Reinke