Juan Schiaretti presentó un proyecto para extender cinco años el plazo de incorporación al régimen de promoción del régimen de autopartes y ampliar el tiempo disponible para poner en marcha inversiones automotrices. La iniciativa busca sostener los incentivos para fabricar con componentes nacionales, en una actividad decisiva, explicó el diputado nacional, para la industria y el empleo de Córdoba.

La propuesta modifica dos leyes que funcionan de manera complementaria. Por un lado, lleva del 31 de diciembre de 2027 al 31 de diciembre de 2032 la fecha límite para solicitar el ingreso al régimen autopartista. Por otro, extiende de fines de 2029 a fines de 2034 el plazo máximo para que comiencen a producir los proyectos alcanzados por la ley de inversiones automotrices.

Además de Schiaretti, el texto lleva también las firmas de Carlos Gutiérrez, Gisela Scaglia, Carolina Basualdo, Esteban Paulón, Ignacio García Aresca, Pablo Farías, Alejandra Torres, Juan Brügge y José Núñez.

Para entender el proyecto hay que mirar cómo se fabrica un vehículo. Las terminales producen y ensamblan autos, camionetas o camiones. Algunas de esas piezas se las compran a proveedores del sector autopartista argentino, que abastece tanto a las grandes plantas como a otros eslabones industriales.

La Ley 27.263, aprobada en 2016, creó un régimen para incentivar el uso de autopartes argentinas. Su herramienta central es un bono de crédito fiscal; es decir, un saldo que las empresas beneficiarias pueden utilizar para pagar determinados impuestos nacionales.

El beneficio se calcula sobre el valor de las autopartes nacionales y depende, entre otros requisitos, del contenido argentino del producto fabricado. La lógica es que incorporar piezas locales tenga un incentivo económico y ayude a sostener la demanda sobre los proveedores del país, en detrimento de los importados.

Así, una decisión de compra de una terminal puede repercutir sobre numerosas fábricas. Cuando una pieza se produce en Argentina, detrás hay maquinaria, trabajadores, conocimientos técnicos y empresas que necesitan pedidos para mantener su actividad.

La segunda norma, la Ley 27.686, promueve inversiones en la industria automotriz y su cadena de valor. Según los fundamentos del proyecto, ambas herramientas deben extenderse de manera coordinada para preservar la previsibilidad de los programas productivos.

Aunque el plazo de incorporación al régimen autopartista llega hasta 2027, las decisiones industriales se toman con anticipación. Fabricar un modelo nuevo exige adaptar instalaciones, desarrollar piezas, comprar equipos y comprobar que los componentes cumplen las condiciones técnicas requeridas.

Una Pyme que invierte para abastecer a una terminal necesita saber durante cuánto tiempo estarán disponibles los incentivos sobre los que organiza su proyecto.

Schiaretti sostiene en los fundamentos que esas inversiones requieren planificación y períodos prolongados de maduración. La propuesta mantiene los criterios de elegibilidad y los requisitos de integración nacional. Su cambio central está en los plazos.

También importa precisar qué vence en 2027. Esa fecha marca el límite para pedir la incorporación al régimen autopartista. La legislación contempla beneficios vinculados a la duración del proyecto, con restricciones para las solicitudes posteriores a los primeros cinco años de vigencia. Por eso, el vencimiento no implica que todos los incentivos desaparezcan simultáneamente ese día.

El proyecto conserva esa disposición y desplaza cinco años la fecha de referencia.

La iniciativa tiene un interés particular para Córdoba. Sus fundamentos mencionan tres terminales, Stellantis, Renault e Iveco, y más de 150 establecimientos autopartistas. También atribuyen a la cadena autopartista unos 14.000 empleos directos e indirectos.

Son puestos ligados a una red productiva que incluye grandes plantas y empresas proveedoras. La continuidad de esa red depende de las inversiones, del volumen de fabricación y de cuánto contenido nacional incorporen los vehículos.

El reclamo ya había llegado al Congreso durante una reunión de las comisiones de Comercio y de Pymes. Allí, el presidente del Clúster Automotriz de Córdoba, Gerardo Acosta, advirtió sobre la pérdida de competitividad y pidió extender el régimen. “Si logramos una prórroga de, como mínimo, cinco años, estaremos dando previsibilidad a quien tiene que decidir las inversiones de los próximos años”, afirmó.

En aquel encuentro, en mayo pasado, se discutieron la carga tributaria, los costos logísticos y energéticos y las asimetrías frente a Brasil. También hubo diferencias sobre el peso de los costos laborales y la sustitución de piezas nacionales por importadas.

La propuesta de Schiaretti recoge ese pedido de previsibilidad. A diferencia del antecedente impulsado por Brügge para una extensión de diez años, plantea cinco y coordina las fechas de las dos leyes.