Los abogados Luis Alberto Licera y Marcos Arnold, defensores de Rocío Rauch, brindaron declaraciones a LA VOZ DE SAN JUSTO antes del inicio de la segunda jornada del juicio a puertas cerradas que se lleva a cabo en los Tribunales de San Francisco por el crimen y abuso sexual de Aralí Vivas (8). La querella y la acusación buscan determinar las responsabilidades por el hecho ocurrido en noviembre de 2024 en Brinkmann, mientras que la defensa sostiene la antítesis de la imputación.

El proceso judicial analiza los hechos ocurridos en la vivienda donde la menor fue hallada sin vida tras un incendio intencional. Rauch, madre de la víctima, se encuentra imputada como partícipe necesaria en una causa donde también están acusados su pareja, Ezequiel Matías Simeone, y un amigo de este, Cristian Hernán Varela.

Respecto a la tipificación legal y los fundamentos de la acusación sobre la conducta atribuida a la madre de la niña, Arnold precisó: “Lo primero que hay que entender es de qué está acusada ella. Ella está en calidad de partícipe necesario, es decir, que se tiene que haber brindado una colaboración que tiene que ser indispensable para cometer un delito. En este caso la conducta que ella se le atribuye es haber omitido los deberes que como madre la ley le impone. La acusación lo que pretende acreditar es justamente que ella omitió a propósito, deliberadamente o de manera dolosa, dicho, de manera técnica, omisión. Nosotros en la defensa lo que vamos a demostrar es que acá no vamos a juzgar quién es Rocío, si era buena o mala madre, sino simplemente si ella prestó este aporte indispensable para consumar posteriormente el crimen”.

Licera se refirió a las garantías del proceso, la distinción del material probatorio que se presentará ante el tribunal y la postura defensiva frente a los cargos: “Faltan audiencias que recibir, evidencia que recabar. Hago diferencia entre evidencia y prueba porque prueba es lo que se desenvuelve en un debate oral y público en el contacto de partes. Obviamente que nosotros entendemos que acá no hay una certeza positiva para que Rocío responda estas cuestiones las vamos a expresar en la etapa de conclusiones que es el momento en el cual el fiscal sostiene su teoría del caso y esta defensa plantea su antítesis”.

Ante los señalamientos sobre si la imputada tenía conocimiento previo de los supuestos abusos por parte de Simeone, Licera remarcó la carga de la prueba sobre la fiscalía y los testimonios recabados en la primera jornada: “No era una circunstancia conocida ni por los familiares más cercanos que eran los que tenían un lazo más estrecho con los menores, especialmente el abuelo y la tía, se la ha interrogado en dicho sentido y hemos podido ver que profesionales como la psicóloga, las maestras de la escuela, la directora o personal incluso de la Uder, ni siquiera ellos que son profesionales competentes del ámbito han podido detectar dichas circunstancias”.

Finalmente, al ser consultado sobre si Rauch era víctima de violencia de género por parte de su pareja y si existían denuncias previas, Arnold aclaró que la información surge de los dichos de la propia acusada en sede judicial: “Eso surge de las propias declaraciones de ella como imputada. No es una opinión personal nuestra, sino que nos remitimos a la declaración. O sea que él habría ejercido violencia con ella y con sus hijos. En su postura defensiva, material, así lo ha dicho”.

Cómo sigue el juicio

El juzgamiento de la causa se desarrolla a puertas cerradas por tratarse de un delito de instancia privada, por lo que la prensa no puede ingresar a la sala. El tribunal está presidido por el vocal Guillermo Rabino, acompañado por los jueces Alejandro Acuña y Claudio Requena, sumado a un jurado popular integrado por ocho ciudadanos titulares y cuatro suplentes.

En el proceso, la fiscal de Cámara es Consuelo Aliaga, mientras que el padre de la víctima, Ricardo Daniel Vivas, actúa como querellante particular representado por el abogado Matías Miguel Carnero. Simeone, en tanto, es defendido por el asesor letrado Luciano Fino; mientras que Varela es asistido por los abogados Joaquín González y Antonio Rusconi. Los tres están acusados de abuso sexual agravado por la edad de la víctima y homicidio criminis causae por la participación de más de una persona y violencia de género, atribuyéndosele a Simeone también el delito de incendio.

El cronograma del debate contempla tres audiencias en total, continuando las deliberaciones es el próximo 30 de septiembre.