COMUNICADO
Desde el Honorable Concejo Deliberante como órgano fundamental de ejercicio de la democracia en el debate y labor legislativa desde la pluralidad de representaciones políticas, expresamos nuestro profundo pesar por el femicidio de la adolescente cordobesa Agostina Vega y de todas las víctimas que se vienen registrando en nuestro país durante el transcurso del año 2026 por el mismo motivo.
La violencia de género está presente en nuestra sociedad como una problemática estructural basada en una concepción cultural que legitima las relaciones de poder y dominación de los hombres sobre las niñas, adolescentes y mujeres, siendo el femicidio el último escalón de dicha violencia.
En nuestro país el 3 de Junio del año 2015 nace el movimiento “Ni una menos” , constituyéndose en un grito colectivo desesperado por frenar la violencia de género en todas sus formas, que en sus casos más extremos implica la pérdida de vidas y una herida abierta para el tejido comunitario circundante, porque familias, escuelas, ámbitos laborales, universidades, clubes, experimentan la ausencia forzada y deliberada de una de sus integrantes para siempre. Historias que alguien decide detener con la complicidad de un sistema que desampara y habilita estos desenlaces.
A 11 años de aquel acontecimiento, lamentablemente las cosas no han cambiado. Hoy en nuestro país se registra al menos 1 femicidio cada 31 horas, por lo que resulta fundamental que el Estado en todos sus niveles garantice los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres a través de legislaciones acordes, políticas públicas activas con sus recursos pertinentes y el debido accionar del Poder Judicial, desarrollando programas de prevención y promoción para la igualdad de derechos y la aplicación de los protocolos de actuación vigentes de la manera correspondiente. No puede el Estado seguir llegando tarde. No puede la sociedad seguir mirando para otro lado. Este tipo de violencia es aún más urgente cuando se trata de niñeces y adolescencias que para su desarrollo integral deberían ser cuidadas y protegidas de manera corresponsable entre todos los actores de la sociedad.
Como funcionarios del Poder legislativo local renovamos nuestro compromiso en el fortalecimiento de las capacitaciones permanentes en el marco de la Ley Micaela por parte de los 3 poderes del Estado; bregamos por el cumplimiento y sostenimiento de los compromisos asumidos por el Estado Argentino mediante la firma y la adhesión a los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional como la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer y adherimos a la urgente demanda colectiva de profundizar el compromiso social desde todos los sectores para prevenir, visibilizar, atender y detener la violencia de género en todas sus formas.
Nos sumamos al pedido de Justicia por Agostina y por todas las que ya no están. Ni una menos.
