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Fuente: La Voz de San Justo
Alejandra Vigo, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero votaron a favor de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno nacional, que fue aprobada con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones.
El Senado convirtió en ley la iniciativa de reforma laboral promovida por la administración de Javier Milei, en una sesión atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. La norma, que ya contaba con media sanción de Diputados, recibió 42 apoyos, 28 rechazos y las abstenciones de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
En ese marco, los representantes cordobeses en la Cámara Alta mantuvieron una postura unificada y acompañaron el proyecto del Ejecutivo. Tal como había ocurrido en el tratamiento previo, Alejandra Vigo, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero dieron su aval y contribuyeron a la aprobación definitiva.
Con esta sanción, el oficialismo cerró el período de sesiones extraordinarias con uno de sus objetivos centrales cumplidos. La flamante Ley de Modernización Laboral introduce modificaciones en el régimen de contratación, indemnizaciones y registración de trabajadores. Desde el Gobierno sostienen que apunta a disminuir la litigiosidad y a promover el empleo formal.
Entre los puntos destacados figura la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por un Fondo de Cese Laboral acordado en convenios colectivos; un esquema de regularización que elimina multas y sanciones para empleadores que registren personal no declarado; y la ampliación del período de prueba, que podrá extenderse a seis meses y hasta un año según el tamaño de la empresa.
También se incorporan disposiciones vinculadas a la actividad sindical, estableciendo límites a protestas que incluyan bloqueos de establecimientos, los cuales podrán ser considerados causal de despido.
Desde el interbloque de Unión por la Patria cuestionaron la norma y la calificaron como un “retroceso histórico en los derechos conquistados”. En tanto, centrales obreras anticiparon que recurrirán a la Justicia para impugnar artículos que consideran inconstitucionales.
La aprobación representa el mayor logro político del Presidente desde la sanción de la Ley Bases y marca un respaldo legislativo clave para el rumbo impulsado por la Casa Rosada en el inicio de 2026.