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A fines de diciembre de 2024, La Playosa dejó de ser un pueblo más del interior cordobés para convertirse en el epicentro de una causa judicial de extrema gravedad, que aún hoy genera conmoción, interrogantes y un profundo malestar social.
En aquel momento se conoció la detención de un bombero voluntario, acusado de grooming y abuso sexual agravado contra menores. El imputado, Rodrigo Santi, de 30 años, no solo integraba el cuartel local de Bomberos Voluntarios, sino que además estaba a cargo de una Escuela de Capacitación de Menores, con funciones en la formación de Bomberos Cadetes a nivel nacional, lo que agravó el impacto institucional del caso.
La investigación incluyó allanamientos tanto en su domicilio particular como en el cuartel de bomberos de La Playosa, un espacio históricamente vinculado al cuidado comunitario. Allí se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación que, según el informe policial, resultaron claves para el avance de la causa.
Confesión y cargos admitidos
Tras casi un año de detención y con la causa en condiciones de ser elevada a juicio, el expediente dio un giro determinante: Santi confesó todos los hechos imputados durante su indagatoria, lo que quedó asentado en actas judiciales.
Reconoció tres hechos de abuso sexual simple, tenencia de pornografía infantil y un hecho de abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso ideal con corrupción de menores.
Citaciones y responsabilidad institucional
La gravedad del caso no solo se limitó a los delitos, sino también al rol que el acusado ocupaba dentro del sistema bomberil. Por ese motivo, fueron citados a declarar Germán Barrera, quien se desempeñaba como Jefe de Defensa Civil de la Provincia; Ariel Vicario, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba; y Gustavo Giuliani, Director del Centro de Capacitación de Bomberos Voluntarios de Córdoba.
Las declaraciones apuntaron a esclarecer responsabilidades, circuitos institucionales y mecanismos de control en un sistema que había depositado en Santi un rol de autoridad y formación sobre menores.
Malestar de las familias querellantes
Para las familias de las víctimas, la confesión no trajo alivio. Emilce Sales, madre de uno de los querellantes, denunció que el proceso avanzó hacia un juicio abreviado inicial sin que se informaran públicamente los términos del acuerdo ni la pena prevista. “Hasta el día de hoy no sabemos cuántos años ni en qué condiciones”, afirmó.
Sales también cuestionó la intervención del abogado Alejandro Bianco, quien hasta julio formó parte del equipo de la Fiscalía de Segundo Turno durante el período central de la investigación. Según la denunciante, Bianco tuvo acceso completo a la causa y a testimoniales a las que la querella no pudo acceder.
Además, señaló que su abogado, el Dr. José Tomás Corigliano, no fue convocado al abreviado inicial; que el expediente fue bloqueado durante varios días y que, en ese lapso, se avanzó en un acuerdo entre la defensa y la fiscalía.
Denuncia ética y mediación fallida
Ante estas situaciones, Sales inició una denuncia ante el Comité de Ética del Colegio de Abogados contra Bianco. El conflicto derivó en una mediación realizada el 18 de diciembre de 2025, en la que participaron Bianco y la Dra. Teodora Perassi, integrante de la defensa de Santi.
Según el relato de la denunciante, la mediación fue “deplorable” y no se alcanzó ningún acuerdo, ya que la defensa condicionó cualquier avance al retiro de la denuncia ética, algo que Sales rechazó.
Días después, el padre del imputado, Rogelio Santi, presentó una denuncia penal contra varios abogados vinculados a la causa, entre ellos Corigliano, el Dr. Hayas y el Dr. Escandriolo, en una maniobra que las querellas interpretan como un intento de deslegitimar la denuncia ética.
Prisión domiciliaria y nuevos cuestionamientos
En paralelo, la defensa solicitó la prisión domiciliaria del imputado, acompañando un certificado psicológico privado firmado por Pedro Rodriguez, que diagnosticó un cuadro de Trastorno Depresivo Mayor grave.
La fiscal Juliana Companys aceptó el pedido el 23 de diciembre de 2025, autorizando que Santi cumpla la domiciliaria en un departamento de calle Mendoza al 400, en Villa María, bajo el cuidado de su padre.
Según denunció la querella, el imputado no cuenta con tobillera electrónica y el domicilio se encuentra cerca de dos establecimientos educativos, lo que generó una fuerte preocupación. “La inseguridad no es solo para otros chicos, también es para mi familia”, expresó Sales.
Lo que viene
Con la feria judicial en curso, la causa quedará ahora bajo la órbita de la jueza de Control Dottori, quien deberá definir cómo continúa el proceso y si el expediente llega finalmente a la Cámara del Crimen de Villa María.
Mientras tanto, la familia decidió hacer público un caso que era de instancia privada, con el objetivo de visibilizar lo ocurrido. “Las pruebas son más que suficientes. Y lo más importante es la confesión del imputado por abuso de menores”, concluyó Emilce Sales.