Operativo de la Fiscalía de Bell Ville en una vivienda entrerriana

La Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Bell Ville, a cargo de Nicolás Gambini, detuvo a un hombre de 41 años en la localidad de Larroque, provincia de Entre Ríos (foto), quien quedó imputado por los delitos de “grooming” y “distribución y tenencia de archivos multimedia de abuso y explotació

domingo, 21 de diciembre de 2025 · 08:30

La Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Bell Ville, a cargo de Nicolás Gambini, detuvo a un hombre de 41 años en la localidad de Larroque, provincia de Entre Ríos (foto), quien quedó imputado por los delitos de “grooming” y “distribución y tenencia de archivos multimedia de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, agravada por la edad de las víctimas”.

El arresto del depravado se produjo en el marco de una investigación iniciada por la Justicia en la que resultó víctima una niña de 12 años, domiciliada en la ciudad cabecera del Departamento Unión, quien había sido acosada sexualmente por el sujeto a través de las redes sociales.

En el domicilio del aprehendido se halló evidencia digital que daría cuenta de una red nacional de pedofilia, y se procedió al secuestro de dispositivos informáticos.

Tanto en la pesquisa como en el operativo participaron peritos la Sección Cibercrimen de la Dirección de Investigación Operativo (DIO) del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Provincia, con la colaboración de la Oficina Especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital (OECED), dependiente de la Fiscalía General, Unidad de Internet Forense de Policía Judicial de Córdoba, junto a efectivos policiales cordobeses y entrerrianos.

Utilizaron el software CAPTA

El MPF informó ayer que para dicho procedimiento se utilizó el software denominado CAPTA (Colecta Ágil de Potencial Elemento de Prueba Técnico Auditable), el cual fue desarrollado en el ámbito de la DIO y constituye una herramienta tecnológica estratégica para la gestión, preservación y análisis de evidencia digital, orientada a fortalecer la persecución penal pública y a garantizar la cadena de custodia digital bajo estándares técnico-jurídicos confiables.