La temeraria impunidad con la que, desde hace más de un lustro, operan ciertos laboratorios y droguerías vinculadas al fentanilo, exige una explicación política que dé cuenta de la sistemática violación de la trazabilidad y de las condiciones legales de producción de enormes cantidades de productos farmacéuticos de uso masivo.
Las denuncias realizadas por la ANMAT contra los laboratorios HLB Pharma y Ramallo fueron desactivadas gracias al escudo político que protegía a estas operaciones.
Los “cabezas de hierro”
Los testaferros de estas empresas, que afectan directamente la salud pública, son dos dirigentes políticos de segunda y tercera línea que se reconvirtieron en empresarios farmacéuticos y de medios. Se trata de Ariel García Furfaro, vinculado a Alicia Kirchner en tiempos de Kolina, y de Andrés Quinteros, exdiputado bonaerense, miembro de los servicios de inteligencia durante la presidencia de Alberto Fernández y actual candidato a intendente de San Nicolás.
Milagros empresariales
García Furfaro comenzó su carrera como titular de la verdulería “Colina” en el barrio de Flores (CABA), en 2012, promocionada por ofrecer los “precios más bajos que el INDEC”.
Pero el milagro no fue solo vender verdura barata. Ese mismo año, García Furfaro se transformó en accionista principal de Laboratorios Apolo, uno de los mayores productores de suero fisiológico del país y principal proveedor del Estado.
Otro hecho llamativo fue que Furfaro obtuvo su título de abogado mientras cumplía una condena por lesiones graves y otros delitos en prisión, entre noviembre de 2002 y noviembre de 2005. Un caso paradigmático de movilidad social ascendente, o una versión argentina de “Mi preso, el doctor”.
Pese a sus antecedentes —o tal vez gracias a ellos— Furfaro se vinculó con el entonces gobernador Daniel Scioli, y promovió la creación del Museo Histórico «17 de octubre» en la Quinta de San Vicente.
Después de que una explosión destruyera el Laboratorio Apolo en Rosario, Furfaro mostró una notable capacidad de resiliencia. Compró un nuevo laboratorio en Ramallo para seguir proveyendo suero fisiológico a gran escala, y luego adquirió la droguería ABC1 S.A., ubicada en Monteagudo 369, Rosario. Este es el mismo domicilio de “Nueva Era S.R.L.”, firma allanada por su presunta relación con el fentanilo contaminado que llegó al Hospital Italiano de La Plata y que terminó con la vida de nueve pacientes.
De los laboratorios a los medios
Furfaro no se conformó con los laboratorios y se asoció al dirigente sindical Víctor Santa María (SUTERH) en el multimedio Octubre (Página/12, Canal 9, Caras y Caretas, AM 750, Aspen, Planeta Urbano). Junto al exvocero presidencial Alfredo Scoccimarro, relanzaron en octubre pasado el canal IP (Investigación Periodística).
Los nuevos compañeros
Lejos de asumir su responsabilidad como titular de la red de laboratorios y droguerías que distribuyó al menos 300.000 ampollas de fentanilo contaminado, García Furfaro emprendió una ofensiva contra su antiguo socio político y empresarial, Andrés Quinteros. Exconcejal de San Nicolás, exdiputado provincial del Frente de Todos y exintegrante de la AFI durante la gestión Fernández, Quinteros fue apoderado de HLB Pharma y designado como mediador privado en la importación de la vacuna Sputnik V.
Ambos formaron parte de la comitiva que, junto a la ministra de Salud Carla Vizzotti, inició las tratativas con Rusia para traer la vacuna a la Argentina. HLB Pharma se registró incluso como importador, aunque el acuerdo final fue entre los Estados.
Furfaro, en su defensa ante el juez federal Ernesto Kreplak, acusó a Quinteros de sabotear el laboratorio:
“Lo hago en base a una sospecha fundada de que parte o todo de lo ocurrido pudo tener que ver con el accionar de una persona inescrupulosa, llamada Andrés Quinteros”, expresó.
En su declaración, Furfaro relata que conoció a Quinteros cuando trabajaba en el Ministerio de Justicia bonaerense y que, en un momento difícil, le brindó apoyo. Más tarde, al adquirir su primer laboratorio, Quinteros le solicitaba donaciones de suero para distribuir en hospitales y municipios, lo que beneficiaba su imagen política. Esta admisión deja en evidencia un uso discrecional de insumos médicos por fuera del circuito legal.
«Yo no fui»
Furfaro afirma que Quinteros, al incorporarse a los proyectos de HLB y Ramallo, asumió un control casi absoluto sobre sistemas de seguridad, informática y contrataciones. El vínculo se quebró cuando un empleado del laboratorio denunció que Quinteros le pidió robar 30 ampollas de morfina a cambio de dinero. Poco después, y tras su salida, se constató la desaparición de grabaciones de las cámaras de seguridad.
Más allá de las acusaciones cruzadas, lo que queda en evidencia es la vulnerabilidad del sistema de salud. Laboratorios y droguerías responsables del suministro de productos inyectables a hospitales públicos están en manos de personajes cuya única trayectoria verificable es la política. En el caso de Furfaro, su patrimonio inicial era una verdulería y su mayor capital político, la militancia.
¿Dónde se pierde la ruta del fentanilo?
La situación es tan grave que recientemente la ANMAT clausuró la droguería “Alfarma S.R.L.” (Garay 538 de la ciudad de Rosario). Según la disposición 3989/2025, se detectaron irregularidades en la trazabilidad del lote 31202 de Fentanilo HLB 0,05 mg/ml por 5 ml. La documentación de ingreso no coincidía con los registros informáticos, un indicio más de la descontrolada red de distribución.
En la tercera parte de esta investigación, se abordará el vínculo narco de laboratorios y droguerías que importan precursores químicos y producen fármacos de alta peligrosidad, luego desviados al mercado negro de estupefacientes.