- Por Ruido
- Ruido será «amicus curiae» en la causa en que La Voz pide que el Gobierno de Córdoba muestre la nómina completa de personal del Poder Legislativo.
La Cámara Contencioso Administrativa de Primera nominación de Córdoba admitió el pedido de Ruido para interceder en carácter de “amicus curiae” en la causa que tramita el amparo por mora presentado por La Voz del Interior contra el Poder Legislativo de la provincia de Córdoba, que hasta ahora niega el acceso a información pública vinculada al personal de esa institución.
La finalidad de Ruido es “aportar al Tribunal argumentos que entendemos relevantes para la resolución de este caso, en lo que respecta a la protección y garantía del ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública en la provincia de Córdoba”, indica la presentación realizada por el abogado Rodrigo López Tais.
«Admítase a la fundación Ruido como ‘Amigo del Tribunal’, haciendo saber que, en ese carácter, no asume ninguno de los derechos procesales que corresponde a las partes y su actuación no devenga costas ni honorarios judiciales», dice la resolución emitida el 17 de marzo de 2024 por el vocal de Cámara Leonardo Massimino y por la secretaria letrada de Cámara, Elisa Saco.
De esta manera, la Justicia admitió la pertinencia del aporte que eventualmente pudiera surgir desde Ruido para que el Gobierno provincial difunda la nómina completa del personal de la Unicameral cordobesa.
La red federal de periodismo contra la corrupción, Ruido, tiene como uno de sus objetivos “el fortalecimiento del derecho de la ciudadanía al acceso a la información, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la transparencia política y administrativa”.
Al negarle la Legislatura datos públicos a La Voz del Interior, entendemos que se encuentran en juego derechos -individuales y colectivos- garantizados por la Constitución Nacional (CN), la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la Constitución de la Provincia de Córdoba (CPC).
También creemos que se trata de un litigio estratégico, por cuanto su resultado tiene la posibilidad de generar impacto directo en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública.
Mirá la presentación completa de Amicus curiae
Tal como se señala en uno de los casos mencionados como antecedentes, en 2014 la Corte Suprema de la Nación señaló que la información pública “pertenece a las personas, la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Este tiene la información sólo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas. […] El Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores”.
En relación a la ley provincial 8803 (de Acceso a la Información), también se destacan fallos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en donde se refuerza que “toda la información en poder del Estado se presume pública, accesible y sujeta a un régimen limitado de excepciones”. Impugnando, por lo tanto, la creación de facto “de excepciones al derecho de acceso a la información, desdibujando el sentido de la Ley 8803”.
Cabe recordar que en la investigación de Ruido Legislaturas secretas: casi 90% de las provincias ocultan datos sobre personal y uso de fondos, publicada el 12 de junio de 2024, en la parte referida a Córdoba se concluía, entre otros puntos, que si bien se informaban “los montos destinados a cada programa”, los mismos no estaban desagregados, lo que impedía conocer con certeza en qué y cómo se utilizaban. También que “hay fondos para cada bloque y para pasajes, pero no se pueden saber los montos”, o que “no hay un listado con nombres de todo el personal”.