La investigación por el atroz crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en Brinkmann, avanza y el fiscal Oscar Gieco, en las últimas horas, imputó tanto a la mamá, Rocío Milagros Rauch, como al padrastro, Matías Ezequiel Simeone, y al amigo de este, Cristian Hernán Varela, como presuntos coautores del delito de homicidio calificado por el vínculo, según confirmó el funcionario a LA VOZ DE SAN JUSTO.  

Inicialmente, Simeone y Varela enfrentaban cargos por homicidio simple, pero el análisis de llamadas telefónicas entre los tres acusados ha motivado el cambio en la imputación, lo que podría llevar a una condena de prisión perpetua. Según la investigación, las llamadas entre los acusados se registraron antes y después del asesinato, ocurrido en la madrugada del sábado 2 de noviembre, entre la 1 y las 6 de la mañana aproximadamente. No se encontraron mensajes de WhatsApp, los teléfonos de los imputados, considerados antiguos, no contaban con esa aplicación. En tanto, se detectó que Simeone habría pedido prestado teléfonos en un bar cercano para realizar las llamadas, y Varela también habría estado en ese mismo lugar en las horas posteriores al crimen.

El fiscal también destacó testimonios de vecinos y familiares que mencionaron posibles abusos en la vivienda donde vivía la niña, además de la presencia frecuente de los acusados en el lugar, lo que contribuyó a que se sumaran más pruebas en su contra.

En cuanto a Rauch, la madre de la niña, aunque no se la vincula directamente con la ejecución del crimen, el fiscal sostiene que su omisión en la protección de Aralí contribuyó al asesinato. Se considera que la madre no intervino para evitar el daño a su hija, lo que la convierte en coautora del homicidio calificado por el vínculo.

Simeone y Varela, aunque no tienen un vínculo filial con la víctima, también son considerados coautores debido a su participación en los hechos, que se habrían desarrollado en un contexto de «comunicabilidad de las circunstancias». Por ello, el fiscal desistió de acusarlos por homicidio criminis causae (asesinato para asegurar la impunidad).

Los tres imputados permanecen detenidos en el complejo carcelario de Bouwer, en Córdoba, y serán indagados el próximo viernes mediante videoconferencia. Actualmente, los tres están siendo representados por un mismo defensor público.

Mientras tanto, el fiscal aguarda los resultados de las pericias forenses, que podrían confirmar si Aralí fue víctima de abuso sexual, lo que sumaría un agravante al caso.

 

Gieco le respondió a la Defensora de la Niñez 

El fiscal respondió a las críticas de Amelia López, Defensora de la Niñez de la Provincia, quien lo había acusado este lunes de proporcionar detalles “delicados” del caso, que podrían haber revictimizado a los familiares de la niña.

En una entrevista con Noticiero Doce, Gieco defendió su actuación, asegurando que nunca mencionó el nombre completo de la víctima y que siempre utilizó sus iniciales en las declaraciones públicas. «En ningún momento utilicé el nombre de la menor, lo replicaron los medios, pero en la conferencia siempre me referí a las iniciales de ella», aclaró el fiscal. Además, subrayó que cuenta con el “respaldo total” del fiscal general Juan Manuel Delgado, quien también apoyó su enfoque en la investigación.

Gieco explicó que su objetivo ha sido ofrecer información sobre los avances de la investigación sin revictimizar a nadie. “Lo que hago son extractos de la investigación, de cuestiones reales de la causa y que efectivamente ocurrieron. No trato de revictimizar a nadie y siempre tratamos con mucha cautela el tema de los menores», manifestó.

En cuanto a las responsabilidades estatales, el fiscal detalló que los informes recibidos hace algunos meses por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) a través de la Unidad de Derechos de la Infancia de San Francisco, mencionaban el retiro de tres menores de su hogar. «Lo que estamos haciendo es pedir informes a los distintos organismos que estaban a cargo de ese reintegro para determinar si hubo o no negligencia», agregó Gieco, enfatizando que se están recabando antecedentes sobre el caso.

 

 

Por su parte, Amelia López, en su comunicado, expresó su preocupación por la exposición mediática del caso, señalando que las declaraciones del fiscal podrían haber “revictimizado” a los hermanos de Aralí y a su familia. En una entrevista con el mismo medio, López confirmó que habían solicitado informes a la Senaf para investigar cómo se realizó el seguimiento de la familia de la niña. «La Senaf tendrá que ver quiénes son las personas responsables y si hicieron adecuadamente o no el seguimiento correspondiente», dijo.

La Defensora aclaró que no cuestiona la instrucción del fiscal, sino la forma en que se comunicaron los avances del caso públicamente, destacando que la situación debería ser evaluada para evitar que se cause un daño innecesario a los menores involucrados.

Por ahora, el fiscal Gieco continúa con su investigación, recopilando información sobre posibles negligencias por parte de los organismos encargados del bienestar infantil. La instrucción sigue adelante mientras se evalúa la responsabilidad de los distintos actores en el contexto de este trágico crimen.