Fuente: La Voz del Interior

Avanza a paso firme la investigación por el asesinato de la nena en Brinkmann. Abusos, amenazas incendiarias, supuestas confesiones y violencias asoman en la pesquisa. Las prioridades del caso, y la Senaf, otra vez, bajo la lupa.

El crimen de Aralí: el infierno que emerge del infierno
Madre a la cárcel. Acusada por homicidio calificado, por omisión de cuidado, la madre de la nena fue llevada a la cárcel. (laradio1029.com.ar

“Pero abusaban todos de esa nena…”.

Transcurrían las primeras horas del domingo y los policías escucharon esa frase mientras introducían al detenido en el patrullero. O eso dijeron que oyeron de su boca.

Cristian Hernán Varela (40) acababa de ser apresado en Brinkmann. Era el segundo sospechoso atrapado por el crimen de Aralí Vivas (8). El primer detenido había sido, nada y nada menos, que el padrastro de la niña, Matías Ezequiel Simeone (33).

Ambos amigos fueron detenidos horas después del pavoroso incendio registrado en la madrugada del sábado en la casa donde residía la nena con, lo que supuestamente era, su familia.

Una rápida investigación descubrió la verdad: el incendio había sido intencional, la niña había sido asesinada antes del fuego y esos dos hombres habían sido captados por cámaras de seguridad en el momento en que pasaba todo.

Varela y Simeone permanecen presos, por ahora, por homicidio simple por orden del fiscal Oscar Gieco, un experimentado funcionario que no sale del estupor por lo que le toca esclarecer.

Los forenses ya le dijeron al fiscal que Aralí era víctima de abusos. Así, en plural.

En la fiscalía esperan resultados anatomopatológicos finales para agravar la acusación contra los dos hombres: quiere acusarlos por homicidio criminis causae (cuando se mata para tapar un delito). Ese delito implica la perpetua.

“Pero todos abusaban de esa nena…”.

La supuesta frase pronunciada por Varela no se ha desechado en la fiscalía. Si bien no fue formulada con la presencia de su abogado y en sede judicial, la presunta manifestación es un indicio más en el rompecabezas de espanto que está armando el fiscal respecto del infierno en que vivían Aralí y otros niños.

Masiva marcha en Brinkmann tras el crimen de Aralí Vivas. (El Doce)
Masiva marcha en Brinkmann tras el crimen de Aralí Vivas. (El Doce)

Firmemente, el fiscal Gieco y su equipo de trabajo judicial y policial avanzan en la pesquisa por el alevoso asesinato. El caso es una tragedia. Y con cada paso que dan, los investigadores no dejan de sorprenderse por el infierno y el calvario que se respiraban en esa casa de Brinkmann, en el departamento San Justo.

La hipótesis central es que la pequeña fue asesinada tras haber sido abusada sexualmente.

Para ocultar el ataque y el crimen, los criminales incendiaron su habitación.

Como se dijo, la sospecha es que la pequeña habría sido víctima de reiterados ataques sexuales. En ese marco, se están recabando pruebas y testimonios.

Madre presa y complicada

La madre de la pequeña sigue en la cárcel, y todo indica que lo seguirá estando.

Rocío Milagros Rauch está acusada por homicidio calificado por el vínculo. Ese delito también prevé perpetua.

El fiscal entiende que tuvo omisión de cuidado con Aralí. No la protegió del infierno, sostiene.

En la fiscalía apuntan que la mujer, quien padecería una severa adicción a distintas drogas, se había desentendido de la protección de la pequeña y la había dejado librada a su suerte, según fuentes judiciales.

En todo esto cobra dimensión la situación de Simeone, el padrastro de la nena y novio (o exnovio ya) de la mamá de ella.

“Te voy a quemar la casa”, supo decirle Simeone a su suegra. “Te la voy a quemar”, remarcó.

Por esas manifestaciones y otras más, realizadas tanto a su suegra como contra la propia Rocío Milagros Rauch, había sido condenado en septiembre de 2023 a la pena de dos años y tres meses de ejecución condicional por la Cámara del Crimen de San Francisco.

Como no fue preso, volvió a la casa donde había pasado todo. Y volvió con los niños.

Simeone, se sabía, guardaba un arma de fuego en la casa.

Todo eso lo sabía la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), según fuentes del caso. Es que personal de esa dependencia ya había intervenido en esa casa. En ese infierno.

La sede de la Senaf en Córdoba. (José Hernández)
La sede de la Senaf en Córdoba. (José Hernández)

En un informe consta, por ejemplo, que Aralí solía estar tirada en el piso y que su mamá no hacía nada por levantarla, según una fuente de la causa.

Voceros de la pesquisa remarcan, sobre la base de testimonios, que en esa vivienda era usual que hubiera mucho alcohol y drogas en presencia de niños. A ese cuadro se le agrega la sospecha de los abusos sexuales.

“¿Nadie vio eso? ¿Nadie vio lo que pasaba? ¿Ninguna entidad oficial? Tenemos un condenado por violencia de género que amenazaba y hablaba de quemar una casa y actúa con niños. ¿Y los vecinos?”, se pregunta otro vocero con acceso a la pesquisa.

Fiscal. Oscar Gieco no descarta imputar también al padre de la nena asesinada.
Fiscal. Oscar Gieco no descarta imputar también al padre de la nena asesinada.

Otra vez la Senaf bajo la lupa

En la fiscalía se han trazado dos prioridades.

Primero, resolver el crimen (la causa está más que avanzada a menos de una semana) y avanzar en la recolección de pruebas en contra de los acusados.

La segunda parte de la pesquisa es profundizar y eventualmente accionar contra funcionarios por su rol en todo esto.

Dicho de otra manera: por no evitar lo que pasó. Dicho de forma legal: incumplimiento en los deberes.

En ese marco, las miradas están y siguen puestas en la Senaf y su labor desempeñada en esta cruel historia.

No es la primera vez que esta institución oficial queda contra las cuerdas y bajo la lupa por un deficiente trabajo en Córdoba en pos de las infancias y las adolescencias.

Las críticas contra este organismo estatal se acumulan en distintos despachos. Ahora, con el crimen ya sucedido en Brinkmann, algunas legisladoras van contra esta repartición.

Mientras tanto, y como ya se informó, la Senaf abrió un sumario administrativo para determinar qué hizo su personal con esa familia y los niños en el marco de las actuaciones.

Desde la entidad, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, ya señalaron que “no se hablará del caso” porque hay una investigación judicial abierta.

En la fiscalía, mientras tanto, siguen trabajando con sus prioridades.

En Brinkmann, el espanto sigue latiendo.