Según la denuncia, una pareja que había ido a consultar a uno de los establecimientos por dificultades para lograr un embarazo tiempo después le habría pagado a una mujer de bajos recursos para alquilarle su vientre y poder gestar al bebé por ellos.

La demanda motivó que se realizaran allanamientos a dos clínicas de Córdoba estarían «ofreciendo» ese servicio y, a la vez, captando a mujeres vulnerables para alquiler de vientre.

«En la medida que sean personas vulnerables que no han tenido posibilidad de elegir y que ha habido dinero de por medio, cuando eso esta prohibido, consideramos que es delito de trata de personas», explico el fiscal Senestrari en declaraciones a Hoy Día Córdoba.

«Captar personas vulnerables para ser explotadas en este caso en un servicio de alquiler de vientre tiene una prohibición de que haya cuestiones económicas de por medio más allá de cubrir los costos que podría tener esta gestación, es compatible con la figura de lavado de activos», cerró.

Hasta el momento no hay personas imputadas.