Guillermo López

-Existió un acuerdo de colaboración para que la estatal Tamse preste el servicio (con colectivos y choferes propios) que había sido asignado a la privada Ersa Urbano SA, concesionaria de parte del servicio de transporte urbano de la ciudad de Córdoba desde 2013.

-Ese acuerdo se circunscribió a las líneas 600, 601, 53, 54 y Aerobus y en principio regía por tres meses. No implicaba, según la denuncia, en la cesión o transferencia del contrato obtenido en el 2013.

-Las recaudaciones del servicio tomado por TAMSE fueron recibidas directamente por Ersa y se reintegraban a TAMSE, cada treinta y cinco días. De esta manera, había una ganancia financiera solo por el mero paso del tiempo.

-El punto seis del acuerdo -siempre según la presentación del senador Luis Juez- sostiene que la empresa privada recibió los subsidios correspondientes a los aportes del Estado nacional. Eso ocurrió, al menos desde el mes de diciembre de 2022 hasta diciembre 2023, en las cinco líneas mencionadas.

-La denuncia habla de «camuflaje jurídico» de este convenio a través de una resolución firmada por Marcelo Rodio (NdR: por entonces Secretario de Transporte Municipal y hoy a cargo del área de transporte de la Provincia) el 18 de diciembre de 2022.

-El monto recibido de subsidios por Ersa es estimado en $1500 millones para el período en cuestión. (49 unidades a razón de $30 millones por cada una).

-Para el denunciante el presunto delito de fraude contra la administración pública estaría tipificado en el Artículo 174 inc. 5 del Código Penal, con penas que van de los dos a los seis años.