Legisladores del bloque de la UCR, junto a todos los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio, pidieron el apartamiento de Martín Gill de su cargo de ministro de Cooperativas y Mutuales. La solicitud se argumenta en “las imputaciones existentes en su contra, por lesiones leves calificadas por el vínculo y por violencia de género, según constan en la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María”, y el alejamiento sería hasta tanto se resuelva el proceso judicial del exintendente.

“Presentamos un proyecto de resolución pidiéndole al gobernador Martín Llaryora que lo  aparte del cargo hasta tanto se resuelva su estado judicial, entendiendo que es una situación totalmente reñida con la ética y la moral que debe inspirar el ejercicio de la función pública”, explicó el legislador Alfredo Nigro, al dialogar con elDiario.

“Esto es sin perjuicio de que tenga todas las garantías de la defensa en juicio y en un marco de debido proceso para que Gill, que alega ser inocente, se defienda y se pruebe su inocencia o su culpabilidad. Después puede volver si sale inocente”, agregó.

“La situación de Gill se da, además, con la agravante de que vivimos en una provincia donde se adhirió a la Ley Micaela y hay toda una concientización en violencia de género. Estamos hablando de un funcionario de alto rango, como es un ministro del Poder Ejecutivo, que no debería estar en el cargo, por más que no haya sentencia”, remarcó.

“Este es un proyecto que surgió del bloque de la UCR y tuvo el acompañamiento del interbloque de quienes integran Juntos por el Cambio. Y estamos bregando por eso, me parece que es lo mínimo que podrían hacer, con ese estadío procesal lo más sensato es apartarse”, subrayó el legislador radical.

“Creo que como cualquiera, Gill se tiene que someter al proceso judicial y que se lleve a cabo el juicio para resolver lo que corresponda”, finalizó.

La letra del proyecto

“Dirigirse al gobernador de la provincia de Córdoba, a los efectos de solicitarle el apartamento del cargo del ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, debido a las imputaciones existentes en su contra, por lesiones leves calificadas por el vínculo y por violencia de género, según constan en la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, hasta tanto se resuelva el proceso judicial”, dice al inicio el proyecto de resolución, en el que se agrega que “son de público conocimiento las imputaciones que recibiera el ministro de Cooperativas y Mutuales en su contra, por lesiones leves calificadas por el vínculo y por violencia de género”.

“El ministro se suma a la lista de varios funcionarios provinciales imputados y algunos ya en cumplimiento de condena, que fueron acusados por diversos delitos sexuales o por violencia de género, que despiertan una enorme preocupación en el seno de la sociedad cordobesa”, continúa.

“Al igual que el resto de los funcionarios, es necesario solicitar el apartamiento del cargo, hasta tanto se resuelva el proceso judicial por la gravedad de la imputación delictiva, que resulta incompatible con las funciones que un representante del Gobierno de Córdoba debe observar”, consideraron los legisladores.

“La legislación provincial, nacional e internacional ha penalizado dichos delitos, de tal manera que la violencia de género se incluyó en nuestro Código Penal Argentino como una circunstancia calificante de figuras autónomas ya existentes, arrogándole así una propiedad penalmente relevante”, destacaron.

“La implementación de Ley Micaela de capacitación obligatoria en género y violencia por motivos de género, para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, es una de las políticas de mayor envergadura en cuanto a género, violencias y derechos humanos. Su implementación está signada por un viraje paradigmático, que supone entender a la normativa como ‘llave’ para contribuir a la construcción de un Estado que busca superar la cultura patriarcal y sus innumerables consecuencias para la vida de mujeres y diversidades”, manifestaron los legisladores en el proyecto.

“El Gobierno de Córdoba aprobó la Ley N°10.628, y por tanto debe implementar acciones que cumplan con la normativa, a los efectos de prevenir dentro del cuerpo de funcionarios y representantes del Estado provincial, imputaciones que afectan la vida de las personas y la institucionalidad del Gobierno, que tengan que ver con género y con violencia de género”, señalaron, solicitando que por todo lo expuesto, se apruebe el proyecto de resolución.

DESDE LA DEFENSA DE GILL – La elevación a juicio, en duda

Eduardo Rodríguez, abogado defensor del ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, envió unas líneas a elDiario, expresándose sobre el pedido de apartamiento.

«Siempre hemos sido muy respetuosos de la Justicia y mostrado absoluta predisposición para esclarecer este hecho, que es de instancia privada y en ningún momento roza las funciones públicas que desarrolla o ha desarrollado Martín Gill. Que se haya clausurado la investigación con un decreto de elevación a juicio no significa que el juicio vaya a hacerse”, afirmó.

“La defensa confía en la inocencia no solo por lo que ha declarado, sino por la prueba que hemos aportado. Estamos trabajando amparados en las garantías constitucionales que establecen que todos somos inocentes hasta que una sentencia diga lo contrario. En este caso, ni siquiera está firme la elevación a juicio, por lo que las especulaciones y utilizaciones políticas que puedan hacerse mientras avanza la investigación corren por cuenta de quien las realiza», concluyó.