Con la Democracia en riesgo, no hay lugar para ser neutral

El domingo 19 de noviembre tendrá lugar el balotaje presidencial en el que se enfrentarán el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

Como integrantes de la Comisión Municipal de la Memoria queremos expresar nuestra posición ante la grave encrucijada que se presenta para las elecciones generales del 19 de noviembre de 2023.

Durante los 40 años de democracia que estamos cumpliendo, el movimiento de derechos humanos y la mayoría del pueblo argentino ha construido un proceso de Memoria, Verdad y Justicia que es inédito en el mundo. En el marco de este proceso, cientos de juicios, testimonios e investigaciones confirmaron que durante la Dictadura Cívico-Militar  (1976-1983) se practicó el Terrorismo de Estado, para aplicar un modelo neoliberal que desmanteló la industria nacional, endeudó al país y eliminó los derechos laborales. Se trató de una violencia ejercida desde el Estado que incluyó la desaparición sistemática de personas,  la apropiación de bebés, personas encarceladas y otras tantas forzadas al exilio, persecución, prohibiciones y censura. No fue una guerra, miles de ciudadanos resultaron víctimas de secuestros, torturas y muertes en centros clandestinos de detención cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus familiares. Las principales víctimas del terrorismo de estado fueron obreros, estudiantes, empleados, profesionales y docentes.

Hoy estamos asistiendo a discursos que ponen en riesgo los acuerdos básicos construidos durante estos 40 años de democracia, sintetizado en el imperativo “Nunca más”. Estos discursos, no sólo reivindican la dictadura militar sino que niegan los treinta mil detenidos desaparecidos y proponen la liberación de los genocidas.

También vemos con mucha preocupación propuestas económicas y sociales que representan una amenaza a los derechos fundamentales de nuestra comunidad nacional. Tal es el caso, de la derogación de la Ley de Coparticipación que de concretarse pondría en peligro la sustentabilidad económica y social de los gobiernos provinciales, quienes no podrían pagar los sueldos de los empleados públicos ni garantizar la estructura educativa y sanitaria de sus provincias.

Por otro lado, la propuesta de una drástica reducción del gasto público, implicaría -tal como lo manifestaron quienes lo plantean-, el desfinanciamiento de la educación pública y la privatización de la salud, el recorte en las jubilaciones, la eliminación de la gratuidad de los medicamentos para los afiliados del Pami, de  los subsidios a pacientes de diabetes, la interrupción de las políticas de prevención de enfermedades -como la detección de cardiopatías congénitas- y el recorte de pensiones por discapacidad. Estas medidas afectarán a sectores que más necesitan de un Estado solidario.

Rechazamos las prácticas políticas sustentadas en la lógica amigo/enemigo que descalifica al adversario político, a los líderes religiosos, a las minorías y a sectores vulnerables de la población. Observamos con especial inquietud discursos de odio cuyo objetivo es la eliminación de derechos conquistados por las mujeres y de la comunidad LGBT.

Frente a estas propuestas que ponen en riesgo el pacto democrático no podemos permanecer neutrales. Es un imperativo la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, la Unidad Nacional y la Justicia Social.