También implicados en el cobro de sobornos millonarios para frenar investigaciones y ejercer influencia para favorecer a un imputado en una causa en curso en la justicia ordinaria, las condenas para el resto de los imputados fueron las siguientes: el ordenanza de la fiscalía, Darío «Paco» Rivarola fue sentenciado a 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 4 millones de pesos al ser encontrado culpable de concusión agravada y tráfico de influencias; Gerardo «Coco» Panero y Walter Gustavo Fattore, a 6 meses de prisión en suspenso y a pagar 2 millones de pesos, ambos como partícipes secundarios de tráfico de influencias, mientras que Víctor Hugo «Vitito» Brugnoni fue condenado a 2 años de prisión también condicional y a una multa de 4 millones de pesos por cohecho activo, esto esesto es ofrecer dádivas a un funcionario público para que haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.Los tres también recibieron inhabilitación especial perpetua.

El proceso y el fallo hacen historia porque es la primera vez que un fiscal federal de Córdoba fue sometido a juicio por delitos comunes asociados a la corrupción. 

La defensa de Viaut podrá recurrir al recurso de casación de la sentencia. Los fundamentos del fallo se conocerán en la próxima semana y desde allí, el fiscal tendrá un plazo de 10 días para apelar.

Asimismo, Viaut -en uso de licencia- sigue siendo funcionario judicial, aunque la Procuración General de la Nación deberá decidir si lo destituye del cargo en la Justicia Federal.

Los alegatos

La etapa de alegatos continuó este martes, ya habían hecho sus solicitudes de pena la querella y la fiscalía, restando así los abogados de tres de los imputados que lo hicieron hoy.

El defensor de Viaut, Tristán Gavier, solicitó la absolución de su cliente. En tanto que Rodrigo Altamira, defensor público oficial de Rivarola, pidió para él que se aplicara una pena sensiblemente inferior a la solicitada por la fiscalía -que había sido 3 años de prisión en suspenso- y que se la encuadre en el delito de estafa cuya pena es más baja que la requerida.

Rodrigo Ranz, defensor de Fattore, pidióla absolución de su defendido argumentando que no se configura el tipo penal. Además, cuestionó la multa solicitada por los fiscales María Marta Schianni y Carlos Gonella indicando que las cifras de dinero secuestradas durante la investigación no correspondían al monto abonado por Brugnoni y pidió la restitución de la plata incautada.

Por su parte, Felipe Trucco, defensor de Brugnoni, pidió su absolución al indicar que «es evidente que fue engañado y estafado para obtener un beneficio. Fue víctima de esta maniobra. Los demás imputados se rieron de él. Mi cliente reconoció y asumió los hechos, efectuó el pago, es cierto, pero no cometió ningún ilícito», afirmó.

 «Las conclusiones de la fiscalía son erróneas, porque el cohecho activo hace a la conducta de los corruptores, es decir a los terceros que inducen a funcionarios mediante la oferta, promesa o entrega de dádivas. Pero en este caso no fue Brugnoni el que buscó pagar (la coima), quien ha ido a incitar a corromper al funcionario público sino que él ha sido provocado, solo aceptó», señaló el penalista.

«Burgnoni tenía un hijo preso acusado de abuso sexual, con una prisión preventiva que había sido apelada. Para él, la imputación y privación de libertad de su hijo eran absolutamente injustas».

En otro planteo técnico, Trucco citó que «la influencia debe ser real, existente, cosa que no ocurrió en este caso», por lo que el hecho podía constituir «una estafa. De ninguna de las escuchas (que involucran a Brugnoni) surge cuál iba a ser la maniobra, son todas apreciaciones abstractas que evidencian la inexistencia de influencia».