Una legisladora había pedido el jury de enjuiciamiento contra María Teresa Garay, pero el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Córdoba resolvió no hacer lugar a dicha solicitud.
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María Teresa Garay, jueza de Ejecución Penal.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Córdoba resolvió por unanimidad desestimar la denuncia que en contra de la jueza de Ejecución Penal de San Francisco, María Teresa Garay, presentada en 2020 por la legisladora Carolina del Valle Basualdo (Hacemos por Córdoba) que pedía el jury de enjuiciamiento para la magistrada por ordenar la prisión domiciliaria para un abusador en plena pandemia.
«Desestimar la denuncia presentada (…) fundada en las causales de mal desempeño, negligencia grave y desconocimiento inexcusable del derecho en virtud de no darse en el caso de autos las causales de destitución contenidas en la Constitución de la provincia de Córdoba», expresa entre otras cosas, la resolución a la que tuvo acceso LA VOZ DE SAN JUSTO y lleva la firma de la presidente del organismo judicial, Julieta Rinaldi y de los vocales Oscar Félix González, Silvia Gabriela Paleo, María Verónica Garate Panetta y Aída Tarditi, vocal del Tribunal Superior de Justicia.
Recordemos que en mayo de 2020, Garay había quedado en el centro de la polémica luego de que ordenara la prisión domiciliaria de un preso condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado argumentado que formaba parte del grupo de riesgo ante el coronavirus.
En su defensa, había justificado el porqué de su decisión y afirmado que tuvo el visto bueno de las autoridades de la cárcel de nuestra ciudad, donde Antonio Puntonet (61) desde febrero de 2019 cumple una condena de 8 años y tres meses de prisión por abusar sexualmente de su hija en Las Varillas cuando esta tenía 14 años.
Además, la jueza había asegurado en su descargo que el interno tenía salidas transitorias al Hospital «J. B. Iturraspe» para realizarse un tratamiento médico. Esto podía «aumentar el contagio de coronavirus para los alojados en el mismo pabellón y personal penitenciario de contacto». En tanto, luego decidió revocar el beneficio y el condenado debió retornar al Establecimiento Penitenciario Nº 7.
Durante todo ese tiempo, Garay recibió el apoyo de demás jueces. Precisamente, desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba emitieron un comunicado donde se solidarizaban con ella sosteniendo que fue injustamente agraviada.
Fuente: La Voz de San Justo
