Las consultas por estafas telefónicas y fraudes electrónicos en la asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) delegación San Francisco aumentan al ritmo que lo hacen las denuncias por este delito que se propagó como otro virus durante la pandemia.

La abogada sanfrancisqueña María Celeste Peretti es la titular en nuestra ciudad de dicha asociación dedicada a asesorar legalmente a las víctimas de cibedelitos -del «phishing» del que se escucha tanto hablar últimamente-, como es el caso de Nicolás Urquía, que lleva 10 meses pagando un crédito que asegura, nunca solicitó; una operación que el banco nunca registró como sospechosa.

En tanto, la abogada informó a LA VOZ DE SAN JUSTO que la UCU además de brindar asesoramiento por estafas virtuales atiende reclamos por incrementos desmedidos de las cuotas de autoplanes y otras cuestiones comerciales.

La asociación tiene sede en calle Pellegrini 244. «Es una asociación a nacional, cuenta con personería jurídica y estamos abocados a la defensa de los usuarios y consumidores. Llevamos adelante distintos reclamos de los consumidores, precisamente en el último tiempo, uno de los temas en los que más estamos trabajando es el referido a las estafas virtuales», señaló la abogada.

«Este tipo de delito está tomando una notoriedad importante», aseveró y puso como caso testigo el de Nicolás Urquía; como a él, a otros tanto «les hackean sus cuentas bancarias. Esa práctica es conocida por el engaño y manipulación que ejercen los estafadores hacia las víctimas para averiguar datos personales y contraseñas para de este modo poder robarles su dinero».

En el período entre 2020 y lo que va de 2021 registró un importante aumento de casos a tal punto que actualmente la Fiscalía de Delitos Complejos de nuestra ciudad recibe en promedio una denuncia por día de estafas telefónicas y fraudes electrónicos.

«En pandemia este tipo de delitos se potenciaron», coincide Peretti con lo ya advertido por otros especialistas que se valen de las estadísticas y las crónicas policiales que todos los días anotician un nuevo hecho de este tipo, o varios. Es sabido que por el aislamiento primero y el distanciamiento social después, la gente se tuvo que volcar de forma apresurada a los dispositivos electrónicos para realizar trámites.

Cómo actúan los delincuentes

«Lamentablemente, el tema del confinamiento fue como una especie de caldo de cultivo ideal para este tipo de delitos, a raíz que las entidades bancarias cerraron sus puertas para ciertos trámites que ahora demandan de la virtualidad, recurrir a las plataformas de Internet, aplicaciones o redes sociales. En ese contexto, muchos usuarios creyeron que se estaban comunicado realmente con un representante del banco, cuando en realidad se trataba de un ciberdelincuente, concretando este tipo de delitos», agregó Peretti.

Para lograrlo, «utilizan distintos ardides hasta que la víctima les facilitan sus datos personales, entre ellos hasta las contraseñas de cuentas, de este modo hacen uso de los préstamos pre-aprobados que los bancos tienen para sus clientes sin que la persona lo haya solicitado o tenga conocimiento. Una vez que se hacen del préstamo, transfieren el dinero a otras cuentas; cuando el usuario ingresa se entera de que se solicitó un crédito a su nombre el cual ahora deberá abonar, más los intereses que cobra el banco que lo otorga. Desgraciadamente, estamos frente a una problemática común en estos días», reiteró Peretti.

Y el engaño no lo ocurre a través de cuentas bancarias, sino que mientras las redes sociales fueron ganando espacio como medio para entablar relaciones comerciales, esas ventas y compras online no son seguras si no se realizan por plataformas específicas para operar con medios de pago electrónicos, donde el usuario tiene mayor garantía.

La responsabilidad del banco

Sobre la responsabilidad que les cabe a las entidades bancarias, la abogada interpreta que muchas veces se le adjudica el fraude al actuar torpe o negligente de los damnificados. «Hoy se revictimiza a la víctima, porque se la culpa de haber tomado determinadas medidas equivocadas que favorecieron la estafa, cuando en realidad, estos delincuentes hacen lo que se denomina ‘ingeniería social’ que es realmente una operatoria muy sofistica para obtener información», dijo.

«Nosotros, desde Usuarios y Consumidores Unidos, consideramos que la entidad bancaria es responsable de esas estafas por no haber tomado las medidas de seguridad pertinentes para que no se produzcan. Ellos tienen un deber de seguridad sobre sus usuarios y lo deberían aplicar para evitar este tipo de delito», siguió. 

Peretti señaló que «los bancos deberían identificar las direcciones de los IP», las que, a decir de la entrevistada, «no son para nada seguras».

«Ellos deben advertir cuando en una cuenta se realizan operaciones que no son habituales, no se deberían otorgar préstamos online o pre-aprobados sin cerciorarse que realmente es el titular de la cuenta quien los solicita y sobre todo, cuando la persona nunca hizo uso de este tipo de ayudas crediticias. Hay personas a las que se les ha rechazado la solicitud en algún momento», manifestó.

Se trata de un conjunto de técnicas de «ingeniería social» y manipulación que utilizan los estafadores para que sus víctimas les entreguen voluntariamente los datos y la información necesaria para acceder a sus cuentas.

Cabe recordar que a través de distintas resoluciones, el Banco Central de la República Argentina (Bcra) exhorta a las entidades bancarias a establecer herramientas para mitigar los fraudes, entre ellas comunicarse con el cliente apenas ingresa la solicitud y de este modo conocer fehacientemente si es el titular de la cuenta quien realmente el que hizo la gestión.

¿Los reclamos llegan a solucionarse?

El procedimiento de los reclamos que se reciben sigue determinados pasos. Consultada sobre la cantidad de conflictos que llegan a resolverse, Peretti indicó que «muchas causas aún no han sido resueltas por la justicia, se encuentran en trámite» y que llegar una sentencia puede demorar «hasta dos o tres años». Además, en caso de un fallo judicial favorable para el denunciante, el mismo es apelado por los abogados de la otra parte y esto «dilata los plazos».

La pandemia, con oficinas y bancos con atención reducida, es un «caldo de cultivo» perfecto para todo tipo de estafas.

Quienes atraviesan este tipo de situaciones antes de recurrir a la ayuda legal «realizan toda una peregrinación por los bancos, buscando que éstos les den una solución. Nosotros somos el último eslabón de la cadena de reclamo, lamentablemente, por eso le pedimos a los usuarios que se asesore con un abogado, que no pierda tiempo en los bancos porque no le van a dar respuesta, esa es la realidad que estamos viendo, aunque el tema todavía es ‘nuevo’ y podrían producirse cambios que agilicen el procedimiento de reclamo».

Dónde. La asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) atiende de lunes a viernes en calle la oficina de Pellegrini 244. Teléfonos: 3564 – 422852 o celular 604870.

Caso testigo: lleva diez meses pagando un crédito que no pidió

 La víctima de una estafa virtual en nuestra ciudad lleva 10 meses esperando respuestas tanto del banco al que pertenece el crédito que asegura nunca gestionó pero se lo siguen cobrando, como de la justicia que investiga el hecho.

Nicolás Urquía fue víctima de ciberdelincuentes que en el mes de agosto de 2020 en pleno aislamiento por la pandemia con los datos de la cuenta del damnificado, gestionaron vía online un crédito por 380.000 pesos en el banco BBVA Francés en el cual percibe sus haberes. El crédito debía ser devuelto en 36 cuotas de 21.000 pesos cada una.

Urquía tomó conocimiento de lo sucedido cuando comenzó a notar el descuento en su cuenta sueldo.

Transcurrido todo este tiempo, le siguieron descontando y si bien tras radicar la denuncia se inició una investigación, ésta poco avanzó. 

Urquía habló nuevamente con LA VOZ DE SAN JUSTO: «Hasta ahora no he tenido ningún tipo de novedad respecto del banco, se han enviado oficios, cartas documentos y la entidad brilla por su ausencia». Esta situación llevó al trabajador semanas atrás a protestar frente a la sucursal bancaria de bulevar 25 de Mayo.

«Es la única forma, además de hablar con los medios, con la que puedo manifestarme. Fui a llevar unos folletos y se los entregué a clientes del banco, eso hizo algo de ruido en las redes sociales y ahora me parece que se está moviendo el trámite», contó.

Cuestionó que en ningún momento desde la entidad bancaria se pusieran en contacto con él, es más, denuncia haber sido maltratado en la sucursal. «He recibido malos tratos, uno de los tantos empleados que me atendió de mala manera me dijo ‘¿sabe cómo se soluciona esto?, pagando’, esa fue la respuesta, realmente muy malo el trato».

El suyo no es el único

Urquía, que es asesorado por la asociación Usuarios y Consumidores Unidos San Francisco, señaló: «Me está asesorando sobre mis derechos como consumidor». Dijo conocer el caso de otras personas que se encuentran en su misma situación: «Me contactó gente de Freyre y también de San Francisco quienes han sido víctimas al igual que yo de estafas similares, no por parte del mismo banco, pero sí de otras entidades crediticias». De hecho, en lo que va del año la UCU atendió 10 casos como el Urquía.

Mientras tanto, «todos los meses el día 10 me descuentan la cuota de 21.000 pesos, el crédito fue gestionado a devolver en 60 cuotas». En todo ese tiempo, Urquía lamenta que no se haya logrado determinar en qué cuenta se depositó el dinero y cómo fue retirado. Yo solicité los números del IP al banco y me los negaron argumentado que esa información no me la podían dar».

Urquía radicó la denuncia ante la fiscalía de Delitos Complejos en los tribunales sanfrancisqueños y todo lo que sabe hasta ahora es que «desde el banco le enviaron a la Fiscalía los números de IP pero con fecha 11 de agosto de 2020, cuando en realidad el fraude se comete tres días más tarde, el 14».

Urquía sostiene que es el mismo banco el que «está trabando» la investigación judicial, «me da la impresión que ellos traban todo, si es adrede o no, lo desconozco».

Pasaron 10 meses y sigue esperando que el banco le reintegre las cuotas que le descontó de un crédito que afirma que nunca gestionó.