Más de un centenar de allanamientos en media docena de provincias argentinas y varios países de América y Europa con más de 120 imputados es el resultado del «más grande operativo» realizado en el país contra una red internacional de pedofilia y distribución de materiales que representan abuso sexual de niños, niñas y adolescentes a través de grupos de WhatsApp, informaron este jueves fuentes judiciales.

En total se efectuaron 110 allanamientos, 32 de los cuáles se llevaron a cabo en territorio bonaerense, 9 en la ciudad de Buenos Aires y el resto en provincias como Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, además de países como Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

De esta causa también se derivaron otras investigaciones con conexiones sospechosas en Estados Unidos, España y Portugal.

Entre los imputados en la causa, figuran cinco mujeres y un adolescente de 17 años. Además, 11 personas fueron demoradas y señaladas como administradores de una red de grupos de WhatsApp en los que sólo se compartían materiales vinculado a la explotación sexual infantil.

La investigación incluyó la utilización de agentes reveladores infiltrados y evidencias digitales, por lo que constituyó «un arduo trabajo de inteligencia», detallaron las fuentes.

La pesquisa en la Argentina fue llevada adelante por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Policía Federal, en el marco de la causa en la que interviene la Ayudantía Fiscal Delitos Conexos a cargo del Daniel Ichazo, y está caratulada como «material de explotación sexual infantil -presunta Asociación Ilícita contra la Integridad Sexual de menores».

El fiscal Ichazo dijo a Télam que esta operación «nace de una investigación previa por distribución de pornografía infantil que se había realizado en los partidos bonaerenses de Berazategui y Florencio Varela el año pasado, en la que las pericias que se habían hecho sobre los teléfonos de los sospechosos habían detectado una aplicación que daba acceso a varios grupos de WhatsApp, con nombres muy llamativos».

«A partir de este dato solicitamos autorización al juez de garantías para ingresar a esos grupos y pudimos comprobar que estaban organizados y tenían normas preestablecidas, por las que expresamente sólo de podía compartir ‘CP’, que es la sigla en inglés para pornografía infantil, y todos los miembros estaban obligados a compartir contenido cada determinada cantidad de tiempo», detalló.

El funcionario judicial apuntó que «también se solicitó la utilización de la figura del ‘agente revelador’ para que psicólogos del área de Ciencias de la Conducta de la provincia de Buenos Aires pudiesen ingresar a esos grupos con identidades digitales construidas para la ocasión; y a través de una investigación que se extendió entre marzo y julio de este año pudieron develar el mecanismo de funcionamiento de la red».

El fiscal destacó que «el trabajo conjunto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Federal sobre fuentes abiertas permitió precisar todos los domicilios y también los dispositivos desde los que los sospechosos se conectaban a los grupos que conforman la red, lo que nos permitió saber qué dispositivos teníamos que llevarnos al momento de los allanamientos en cada domicilio».

Ichazo señaló que «se secuestraron los teléfonos personales de todos los sospechosos y, en el caso de los que se conectaban a través de WhatsApp web, también las computadoras».

«Todos esos equipos también se van a analizar en una misma jornada el próximo 23 de octubre, gracias a la colaboración de las autoridades de casa jurisdicción», añadió.

El fiscal aseguró que «este es un operativo inédito en Argentina porque hasta acá siempre se habían realizado de forma seccionada y se levantaban cargos en cada jurisdicción, por lo que las causas terminaban siendo por la tenencia de contenidos de explotación sexual infantil y eran todas penas excarcelables».

«Además, muchas de estas causas no se originaban en el país sino que arrancaban a partir de datos que traía de otro país alguna investigación de interpol», aclaró.

Para Ichazo, «tener a todos en la misma causa va a facilitar el proceso para avanzar con las imputaciones y las detenciones».

«Por ahora, sólo los 11 administradores que están dispersos entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Tucumán fueron demorados», completó.