Con un empate técnico sobre la mesa, los diputados de la Comisión de Agricultura y Ganadería pospusieron el análisis del proyecto que propone la creación de un Observatorio, a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, encargado de generar información sobre el uso de agroquímicos y su impacto en el ambiente, la salud y la producción agrícola.

En una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, los legisladores consideraron un proyecto impulsado por la oficialista, Daniela Vilar (FDT-Buenos Aires), para la creación de un Observatorio Integral de Agroquímicos Nacional. La oposición realizó una serie de objeciones por el apresurado tratamiento  -y la disconformidad por no considerar otras urgencias en la agenda del sector- y el solapamiento de las funciones con otros organismos.

Finalmente el proyecto se llevó a votación para su dictamen y el resultado arrojó 17 votos a favor y 17 votos en contra, lo que motivo el pedido de la oposición para que el tema vuelva a ser analizado por los asesores. La autora de la iniciativa accedió al pedido para evaluar cambios y se convocará a una nueva reunión de diputados.

Los fundamentos del proyecto

Daniela Vilar, autora de la iniciativa, explicó los lineamientos del proyecto, que impulsa un “espacio participativo para generar información científica sobre uso de los agroquímicos” y la participación de la ciudadanía como ámbito de discusión científico académico para construir recomendaciones y generar políticas públicas al respecto.

La bonaerense agregó que el proyecto retoma una iniciativa similar impulsada por el actual Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Salvarezza, durante su mandato como diputado y que fue revisado con los equipos de los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Agricultura, Ganadería y Pesca y Ambiente de la Nación.

“Necesitamos crear este observatorio porque es una temática fundamental para la producción agroalimentaria del país”, aseguró la diputada y agregó que entiende que el uso de agroquímicos impacta en la salud y el ambiente “pero no se sabe ni cómo ni cuánto” y por eso propone la generación de información científica (Informes, estadísticas y mapas de acceso público para describir estado de situación).

Durante su alocución, Vilar precisó que propone generar un diagnóstico, en base a la gobernanza ambiental y participación científica y de la ciudadanía, para luego plantear una política pública.

Dentro de la bancada oficialista, la diputada recibió el apoyo a la iniciativa de la diputada Alicia Aparicio (FDT-Buenos Aires) quien reconoció que “es importante que en el aumento de producción, no aumente la contaminación”, retomando algunos estudios que demostraban el impacta de la utilización de agroquímicos en el agua.

Pablo Carro (FDT-Córdoba) se refirió al acuerdo de Europa para reducir el uso de agroquímicos y sumó un informe de Greenpeace que arroja que las empresas que fabrican “ agrotóxicos”, comercializan productos prohibidos en Europa.

Además retomó dos casos de su Córdoba natal. Por un lado, el juicio de 2012 en el barrio Ituzaingó donde se probaron fumigaciones ilegales: “Sobre 142 chicos, 114 tenían agrotóxicos en sangre”, dijo. También recordó la investigación del caso de Monte Maíz que arrojó un tercio de casos de contaminación de agroquímicos por encima de la media del país, lo que motivo el apoyo a la iniciativa en tratamiento.

Qué dijo la oposición

El Vicepresidente de la Comisión, Pablo Torello (PRO-Buenos Aires), listó una serie de observaciones vinculadas a la duplicación de atribuciones, comprendidas en Ley de sanidad animal y vegetal. “Es una estructura burocrática nueva, paralela al Senasa”, aseguró.

También se refirió al diseño institucional y objetó que el Director sólo pueda contar con experiencia pública, vedando la actividad privada y que el Consejo directivo no contemple la participación de actores privados. “Los privados solo pueden estar en el Consejo Asesor pero sin atribuciones federales”, se lamentó.

Asimismo objetó las definiciones: “no hay coincidencia entre lo que se define y se regula”  y planteó que, idealmente, el observatorio debería depender del Ministerio de Salud, Agricultura o, incluso, Ambiente.

“En un momento de pandemia y crisis económica no es momento de crear este Observatorio”, apuntó el referente agro de la oposición y solicitó trabajarlo más. “Es demasiado apresurado intentar dictaminar hoy”, culminó.

A su turno, Gisela Scaglia (PRO-Santa Fe), consideró que se estaría generando una nueva estructura del Estado y consultó por el presupuesto del observatorio. Para terminar, cuestionó que se estaban dejando de lado temas centrales para el sector como sequia o seguridad. “Me da vergüenza estar en esta comisión y no haber tratado silobolsas”, dijo.

Por su parte, Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) también apuntó a que “el Senasa ya cumple esa función de garantizar inocuidad de los alimentos” y consideró que las falencias del Senasa responden a un tema presupuestario. “Siempre le queda corto el poncho”, dijo, a pesar de la calidad extraordinaria del organismo. Por eso solicitó invitar al Presidente del Senasa y representantes del Ministerio de Agricultura para conocer su opinión.

Desde la oposición también habló Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos) quien expresó que “lo que abunda puede dificultar el funcionamiento normal del Estado”. Reconoció que es necesario generar información pública de calidad, pero consideró que existen “todas las herramientas en el Estado Nacional para llevar adelante esta tarea”, a través de organismos como el Senasa, Inta, Inti y Conictet.

Desde el mismo bloque, el diputado Fabio Quetglas (UCR-Buenos Aires) se refirió al costo y superposición de funciones que generan “una competencia intra administrativa, que es problema típico de la burocracia moderna”, que termina generando un problema de legitimidad publica, si no se legitima la función pública. “Lo que abunda daña la imagen del sector público”, apuntó el legislador y sugiero rever la funciones de los organismos hoy existentes y los motivos por los que no están logrando cumplir sus tareas.

Desde el mismo interbloque, Javier Campos (CC ARI-Buenos Aires) repasó una serie de Observatorio creados en el último año, de diferentes temáticas y cuestionó: “¿El Estado está ciego?”. Para terminar dijo que el problema es que se busca observar, pero no gestionar, y volvió sobre el solapamiento del Observatorio sobre el Senasa.

Desde el Interbloque Federal, Luis Contigiani (FCYS-Santa Fe) pidió rever la posibilidad de evitar votación: “es un tema muy importante como para llevarlo directo a votación”, dijo y se refirió a problemas técnicos del proyecto.  Entre ellos mencionó que el Senasa e Inta quedan diluidos como organismos y no se considera el Consejo Federal Fitosanitaria ni el Programa de investigación toxicológica. “Es un proyecto mejorable”, resumió.

Por último, el diputado Jorge Vara (UCR-corrientes) propuso fortalecer el Senasa y observó la falta de federalización de la iniciativa, además de consignar errores en las definiciones.

Al momento de responder las consultas de los legisladores, Vilar coincidió que el Senasa es un organismo importante y aseguro que el Observatorio no busca solapar las funciones, sino crear un organismo de participación pública, con la incorporación de la ciudadanía en los espacios estatales, que genere un diagnostico científico para luego regular una política general de agroquímicos.

Al momento de la votación, ante el empate de 17 votos favorables y 17 en contra, la autora de la iniciativa accedió a tomar algunos de los cambios propuestos. El titular de la Comisión, José Ruiz Aragón (FDT-Corrientes) avaló la decisión y oficializó que se estaría convocando a una nueva reunión, en aproximadamente 15 días, para considerar nuevamente el proyecto y avanzar en su dictamen, con posibilidad de incluir otras iniciativas, con acuerdo, como la ley de warrants y fertilizantes.