Fuente: La Voz de San Justo
-
El profesional de las ciencias económicas dijo que la Gendarmería allanó su estudio buscando una “usina de facturas truchas” y no encontró “ni una vela blanca”.
El contador Miguel Montali, uno de los imputados por la megacausa Afip de las facturas truchas recibió este viernes el beneficio de la prisión domiciliaria por ser una persona de riesgo en el contexto de la pandemia del coronavirus. El profesional de nuestra ciudad -que aguardará el desarrollo del proceso judicial en su vivienda- denunció una persecución judicial contra los contadores.
Ahora son 8 los detenidos de nuestra ciudad y región que están alojados en la Unidad de Contención al Aprehendido del penal de Bower y en la Alcaldía de la Departamental San Justo. De los 11 imputados hasta el momento, dos mujeres -María Isabel Abtt y Marlen Von During- fueron beneficiadas por la prisión domiciliaria en una decisión adoptada con «perspectiva de género» por ser madres de menores de edad y a ellas se le sumó en las últimas horas el caso de Montali.
Todos están acusados de integrar una asociación ilícita fiscal que incluía la creación de empresas «fantasmas», la emisión de facturas truchas y una evasión impositiva que superaría los 400 millones de pesos.
La causa que llevan adelante el juez federal de nuestra ciudad Pablo Montesi y el fiscal Luis María Viaut consta de 1.400 fojas y 7 cuerpos y en las próximas horas se esperan decisiones con respecto a más pedidos de excarcelaciones y prisiones domiciliarias.
Montali aseguró que en su estudio se procesan más de 16.000 comprobantes, todos válidos en el momento de su registración, y que son proporcionados por los clientes. Asimismo aclaró que en los casos en que la Afip denuncia la apocrificidad de un comprobante, se procede a su impugnación y los contadores rectifican las declaraciones juradas de IVA Y Ganancias, pagando al fisco los montos impugnados, proceso que puede tardar dos o más años. Junto a ello, a partir de este año la Afip implementó el IVA Digital, informándose en el acto las facturas apócrifas.
«Esto es de gran ayuda para los contadores porque nos devuelve el control en la liquidación de impuestos y jerarquiza la profesión. A veces a los profesionales de ciencias económicas nos pasa como a los médicos cuando el paciente niega que fuma y consume tres atados de cigarrillos. Es decir, no teníamos elementos para controlar la disciplina fiscal de los contribuyentes. Hoy los sistemas informáticos que implementó Afip permiten saber en Nuestra Parta y en Cuentas Tributarias la real situación de los contribuyentes. Hemos dado un paso adelante importantísimo en mejorar la disciplina tributaria de los contribuyentes y agradezco el aporte informático proporcionado por la Administración», señaló.
«Gendarmería allanó mi estudio buscando una usina de facturas apócrifas y no se llevaron ni una vela blanca», disparó.
Luego agregó: «Los contadores no pueden saber cuándo una factura es apócrifa hasta que no se expida la Afip. Vuelvo a repetir, a veces la factura era válida en la fecha que se incorporaba al IVA y luego el contribuyente caía en base ‘apoc’. Otras veces, la empresa existía, producía, pero por diversos motivos, o por la realidad económica vivida en los años 2018 y 2019, entraba en crisis o en procesos de insolvencia financiera y perdía disciplina fiscal. No todos los casos son los mismos o las causas son iguales. No debemos olvidar que en los dos últimos años el sector productivo estuvo muy frágil, con altísimas tasas de interés y en muchas oportunidades no podía pagar los sueldos. En el caso de mis clientes, un porcentaje que no excede del 2% tuvo impugnaciones por facturas apócrifas, y todos cumplieron con rectificar sus declaraciones impositivas, acogiéndose a planes de pago o moratorias para regularizar la deuda con el fisco, con anterioridad a que se diera esta situación. Niego por ello rotundamente que en mi estudio, con más de ocho contadores trabajando durante los años 2018 y 2019, hayamos vendido facturas apócrifas, mucho menos que hayamos sido parte de una asociación ilícita». +
Además, negó conocer al resto de los imputados y afirmó que nunca tuvo comunicación con ellos.
Montali reconoció que «sin dudas en esta causa existe gente que hizo negocios con las empresas ‘fantasmas’ y las facturas ‘truchas’, pero no somos los contadores. Acá se está persiguiendo a los contadores como delincuentes y no es así. Se está ensuciando, como en mi caso, el prestigio de la profesión».
El profesional destacó finalmente el trato que recibieron todos los detenidos en la UCA y por parte de Gendarmería Nacional Argentina.
El juez fundamentó el beneficio
El juez federal Pablo Montesi confirmó que, a última hora de este viernes, fue beneficiado con la prisión domiciliaria el contador Miguel Montali, quien había sido detenido en el marco de la investigación por las «facturas truchas» el lunes 31 de agosto, agradeciendo su gentileza y el cuidado de todos las personas alojadas en el penal. Me consta que el Dr. Montesi se ocupó personalmente de hacernos llegar los medicamentos y de velar por nuestras necesidades.
El magistrado informó que luego de ser sometido a una junta de médicos forenses de la justicia federal de la ciudad de Córdoba, se determinó que Montali padece de una serie de patologías que lo convierten en una persona de riesgo para contraer coronavirus. Por eso no era aconsejable que continúe detenido en la Unidad de Contención del Aprehendido del penal de Bower donde se encontraba alojado, recomendando que sea beneficiado con la prisión domiciliaria.
El magistrado se encargó de aclarar que el pedido de excarcelación fue denegado,, por lo tanto el profesional continuará detenido en su domicilio a cargo de un guardador el cual deberá controlar que Miguel Montali cumpla con lo establecido por la justicia federal.
En relación al contador Domingo Benso quien también se encuentra detenido en la misma causa y cuyo defensor es el abogado Guillermo Biazzi, la semana próxima habría resolución en cuanto a su pedido de prisión domiciliaria. En este caso el defensor fundamentó el pedido en que el gerente del Grupo Cooperativo Devoto es padre de una niña con capacidades especiales y que tiene a su cargo a su madre de edad avanzada.
En la causa hay un total de 11 detenidos de los cuales tres han sido beneficiados con la prisión domiciliaria, dos mujeres madres de hijos menores y ahora el contador Montali.
Los detenidos
Este viernes se había entregado uno de los imputados que estaba prófugo. Se trata del sanfrancisqueño Mariano Planells, quien se presentó ante el despacho del juez Montesi acompañado del defensor oficial Esteban Lozada.
Esta persona permanecerá el fin de semana en la Alcaidía de la Departamental San Justo y posteriormente será trasladado a la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) en la ciudad de Córdoba donde se encuentra el resto de los detenidos: Domingo Benso, Diego Manzotti, Mauricio Pizzi, Miguel Montali, Lucas Zopetto, Omar y Agustín Gianelli, padre e hijo, y Pablo Barbieri.
En tanto que permanecen prófugos los hermanos Rodolfo Luis y Mario Elías Tapiero.
La causa
La investigación se remonta a 2017, a raíz de datos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que reveló el proceder delictivo de una banda que presuntamente emitía facturas electrónicas apócrifas para evadir impuestos como IVA y Ganancias, robando las claves fiscales de personas humildes que luego se veían afectadas para conseguir trabajos o acceder a planes sociales.
Son unas 2.800 las facturas falsas a través de las cuales se habría emitido documentación adulterada en nuestra región por más de $2.800 millones y $430 millones la cifra por la que entre los años 2017 y 2020 se evadieron impuestos.
Más municipios en la mira
La presunta red de usinas de facturas falsas tendría ramificaciones en todo el país. Al menos tres municipios de nuestra región -aunque ayer la Justicia indicó podrían ser más- también habrían adoptado esta metodología para declarar gastos en actividades municipales.
Como casos testigo fueron imputados los intendentes de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi, y de Saldán, Cayetano del Valle Canto. Están acusados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Otros funcionarios figuran como partícipes necesarios.