El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba comenzó a cuantificar el impacto económico de la ola de amenazas de tiroteos escolares registrada en las últimas dos semanas. De un centenar de denuncias, la Policía logró identificar a los autores en 40 casos, lo que permitió iniciar un estudio de costos para trasladar los gastos de los operativos a los padres de los adolescentes involucrados.

El monto global de estos despliegues asciende a más de 476 millones de pesos. “Este presupuesto contempla no solo las horas hombre de los agentes, sino también el despliegue de móviles, unidades especiales, investigaciones y el soporte técnico necesario para garantizar la seguridad de alumnos y docentes”, aclaran los informes técnicos.

El despliegue especializado en Villa Nueva

Dentro del relevamiento policial, un caso ocurrido en Villa Nueva se destaca como uno de los cinco más costosos de toda la provincia. El operativo en la ciudad vecina demandó una inversión de $28.852.893,23, ubicándose en el quinto lugar del ranking de gastos.

En esta situación particular, la amenaza se realizó a través de redes sociales, lo que requirió un intenso trabajo del área de Investigaciones y el uso de Unidades Especiales.

El informe técnico detalla que el factor clave en el encarecimiento de este procedimiento fue la complejidad de las tareas de inteligencia criminal. Se destinaron 150 horas de personal específico y se movilizaron equipos con armas largas para garantizar la seguridad del establecimiento. A diferencia de otros puntos de la provincia donde el gasto principal fue el volumen de agentes de base, en Villa Nueva, el peso económico recayó en la especialización de los recursos y la duración de la vigilancia técnica.

Un sistema de facturación con límites

A pesar de que las cifras operativas reales son millonarias, el Gobierno provincial decidió que las notificaciones de pago que recibirán los padres de los estudiantes no cubrirán el costo total. El ministro de Seguridad estableció que los montos serán “razonables” y estarán topeados entre los 5 y 6 millones de pesos para los incidentes de mayor complejidad. Para ajustar esta cifra se decidió eliminar rubros como las horas adicionales de los agentes, lo que representa una reducción cercana al 30%, respecto al cálculo administrativo original.

Esta medida busca poner en agenda la gravedad de la distracción de recursos de seguridad, ya que cada alerta obliga a movilizar no solo patrullaje preventivo, sino también a jefes de Distrito y personal de investigaciones que debe rastrear el origen de los mensajes. La Policía advirtió que estos eventos no pueden ser minimizados, especialmente tras incidentes reales ocurridos en otras jurisdicciones del país, como el caso de San Cristóbal, en Santa Fe, y que la identificación de los responsables conlleva, además, el secuestro de evidencias digitales clave para la causa penal.

El peso de la tecnología y los recursos especiales

La carga operativa en los 36 operativos analizados hasta el momento muestra una gran diversidad de recursos. En la mayoría de los casos, el análisis de los teléfonos celulares de los sospechosos resulta fundamental y el uso del decodificador digital para acceder a dispositivos protegidos representa un costo extra significativo para la fuerza, ya que cada “disparo” tiene costo en dólares y la Dirección de Investigaciones tiene un cupo anual, por contrato.