Finalmente, hoy se conoció el ganador de la subasta por el edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicado en la calle Cerviño 3101/67 en el barrio porteño de Palermo. Se dio tras un procedimiento electrónico que comenzó a partir de las 10 donde participaron inicialmente los 17 oferentes, y Julián Álvarez 1986 SRL se quedó con el inmueble. La venta fue de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El precio ofertado fue de US$18,5 millones, mientras que el proceso se extendió hasta las 11.34, cuando se registró la última puja. El Gobierno destacó que por la cantidad de interesados se trató de la subasta con la mayor cantidad de oferentes de la historia de la AABE.

El valor base del inmueble había sido determinado en US$6.378.968 tras un informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) en el que se fijó un piso de US$5.741.071, tomando en cuenta la ubicación y características del inmueble. En ese sentido, la AABE tomó el valor más alto como precio base. El terreno donde está el edificio tiene 919.10 m2, y de acuerdo con las bases publicadas semanas atrás en el sistema Subast.ar, la edificabilidad total del inmueble ascendería a los 10.126 m2 de superficie. El monto mínimo de incremento de las ofertas era de US$95.700.

De acuerdo con los pliegos de bases, el ganador deberá destinarlo al desarrollo inmobiliario y construir al menos un 75% de la superficie utilizable bajo las normativas vigentes, excluyendo otros posibles usos como conservación histórica o espacios verdes. En total se registraron 17 oferentes en la etapa inicial de preselección, mientras que en la puja final alcanzaron a llegar solo 13 oferentes. Las ofertas presentadas hasta antes de la subasta eran del Grupo Inversa SRL, BKR Digital Tech SAS, Baeza, Héctor Fernando Colella, Irsa Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, Consultatio SA y Julián Álvarez 1986 SRL. Este último ofertó US$18.500.000, por lo que resultó ser el ganador de la subasta.

Los cuatro principales oferentes fueron: Julián Álvarez 1986 SRL con US$18,5 millones; Tower Roma SA, con US$18,1 millones; Quesada 2441 SA con US$16,3 millones y Santa Genoveva SA con US$14,6 millones. En tanto, Consultatio SA, la firma de Eduardo Costantini, realizó dos ofertas: la primera de US$9.750.000 y la última de US$10.100.000. Irsa Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima no realizó ninguna oferta.

Julián Álvarez 1986 SRL se dedica a la construcción de edificios, reforma y reparación de inmuebles residenciales (incluye la construcción, reforma y reparación de viviendas unifamiliares y multifamiliares; bungalows, cabañas, casas de campo, departamentos, albergues para ancianos, niños, estudiantes, etc.). Se trata de un desarrollador inmobiliario de Capital Federal. Según información que pudo obtener LA NACION, los socios son Martín Gabriel Prubner, licenciado en administración de empresas, y Lucila Jazmín Zang, arquitecta.

Desde que se conoció la decisión del Gobierno de vender el edificio la operación quedó envuelta en la polémica por la titularidad del inmueble y, además, la reubicación del personal. Anteayer, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen donde alertó una “llamativa premura” y advirtió que encontró incompetencias de parte de funcionarios que iniciaron el expediente, pero también apuntó a los pliegos de bases y condiciones. El curso de la investigación está a cargo del fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez.

La semana pasada también se conoció un pedido de acceso a la información para conocer los detalles de la subasta, firmado por el secretario General de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta), Mario Romero. Este procedimiento fue realizado originalmente el 11 del actual, donde cuestionaba la transparencia y la legalidad de la subasta del edificio.

Hoy, pasados 12 minutos del comienzo de la subasta pública, Romero, contó a LA NACION, recibió una notificación personal de la AABE en el que rechazaban el recurso de reconsideración contra la resolución 70/24 que había realizado el gremio. De acuerdo con las bases y condiciones, la edificabilidad total del inmueble, que ascendería a los 10.126 m2 de superficie, valor que es de carácter indicativo y referencial, se ha determinado bajo las siguientes premisas: no se han considerado descuentos de superficies aplicables, patios, áreas comunes, servicios u otros.

Se precisan usos residenciales u oficinas y una altura de entrepiso de 2,80 mts (2,60 mts altura interior). También rendimientos de superficie al 100%, sin ningún tipo de descuentos relativos al proyecto.

Además, los pliegos señalaban que los oferentes declaraban conocer y aceptar que la obra de construcción objeto del presente deberá ser: i) iniciada dentro de un plazo máximo de treinta y seis (36) meses; y ii) finalizada y habilitada al uso, conforme condiciones del destino de dicha obra, dentro de un plazo máximo de noventa y seis (96) meses.

El planteo que hizo Apinta giró en torno a la transparencia, la legalidad, y el uso adecuado de los bienes del Estado. Los cuestionamientos que surgieron a lo largo de estos dos meses destacaron potenciales irregularidades y riesgos de perjuicio económico y social contra el organismo.

En este contexto, surgieron versiones de que el edificio tenía una restricción de venta. Según consta en la escritura y el sistema catastral, a la que tuvo acceso LA NACION semanas atrás, el inmueble fue adquirido en su momento por Pedro Gastón Bordelois, en representación del INTA, de su Consejo Directivo, con fondos de la institución. Los datos constan en la escritura N° 408 del 2 agosto de 1967, que señala que la propiedad se iba a destinar para “el funcionamiento del Instituto de Suelos y Agrotécnica”.

“En tal virtud el señor Guillermo Edmundo Fehling, cumpliendo con la obligación contraída otorga y declara que: vende y transfiere en absoluta propiedad, posesión y dominio a favor del Estado Nacional Argentino (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) una finca de su propiedad ubicada en la zona Norte de Capital, calle Ocampo esquena a Cerviño”, precisa el documento. En Catastro bajo el archivo 3101/29/67 la pertenencia del inmueble es del “Estado Nacional Argentino”, de acuerdo con el escribano Jorge Garrido, quien señaló que la propiedad será “usufructuada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA”.

Vale recordar que cuando el Gobierno decidió poner en venta el inmueble lo hizo a través de una publicación en el Boletín Oficial con el Decreto 950/2024 con el objetivo de “eficientizar el rol del Estado”. La decisión la argumentó con la Ley Bases para promover la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que ya “no son necesarios” para su gestión.

La definición del Gobierno tras la subasta

Tras concluida la venta, el Gobierno emitió un comunicado donde destacó el proceso realizado. “El gobierno nacional y Nicolás Pakgojz, presidente de AABE, suman a este fin de año un nuevo hito. A 24hs de la nochebuena, la AABE, cumpliendo con el plan de achicar el Estado y hacer más eficiente el uso de los bienes estatales, cerró la subasta con más oferentes de su historia”, dijo.

“La subasta digital, que se realizó en el sistema compr.ar, contó con 17 oferentes presentes que pujaron hasta 40 minutos después del horario inicial de cierre”, agregó. Detalló que “la subasta inició, como estaba previsto, a las 10 con un precio base de USD$6.378.968 y finalizó, luego de una dura puja entre los participantes que extendió la subasta hasta las 11.40, con un valor de US$18.500.000″.

Según el organismo, “el 70% del valor de subasta será destinado para trabajos de investigación del INTA y el 30% ingresa en las arcas del estado nacional”.

“Con esta subasta histórica reafirmamos nuestra misión de administrar los bienes del Estado de manera eficiente, contribuyendo al desarrollo del país y generando recursos que impactan directamente en el bienestar de todos los argentinos”, expresaron desde la AABE.