“La exclusión es la jugada de no darnos un espacio permanente, de calidad y el reconocimiento válido en cada discusión como un actor social clave en el tema”, señala el texto. Agrega que “el silencio es una costumbre que además de denotar el desconocimiento e inseguridad, es cómplice de las determinaciones que han tomado funcionarios por décadas” y la cobardía “expresada en la violencia de las palabras en el fervor de las discusiones o la costumbre de inasistencia a las reuniones pactadas o el recurrente hecho de retirarse antes del tratamiento de los temas que los vincularía a tremenda estafa social y ambiental”.

La Mesa de Enlace cordobesa financió el “Estudio de Áreas Quemadas del Arco Noroeste” que fue presentado en agosto; abarcó 7 millones de hectáreas en el noroeste cordobés. En 12 años se quemaron 1,1 millones de hectáreas. “El 75% de los incendios ocurrieron en zonas categorizadas como bosques de alto (rojo) o mediano (amarillo) valor de conservación”, sostiene el análisis y enfatiza que el Mapa de Ordenamiento Territorial actual “no responde a la realidad y eso genera graves consecuencias”.

Las entidades subrayan que “se quema siempre lo mismo desde 2010 y se va a seguir quemando” y que la mayoría de los afectados son “productores rurales chicos y de subsistencia, que no pueden hacer nada, están desprotegidos y abandonan por la reglamentación. Desde el Conicet, oportunamente, enfatizaron que no está claro el método usado en el análisis (”los productos satelitales utilizados son más adecuados para la detección de incendios activos que para la estimación de superficies quemadas”).

Sostienen que las entidades rurales, “que representan a esos hombres y mujeres de campo, no fueron nunca convocados antes de la legislación del tema. El manejo del territorio con un trabajo sostenible ambientalmente, pues los productores quieren más que nadie su tierra, es la solución para bajar la carga de combustible que es el fuego del que estamos hablando”.

Gustavo Laudin, presidente de la Sociedad Rural de Cruz del Eje, ratifica a LA NACION que los productores “viven con incertidumbre, perseguidos por un órgano de control que se aferra a un instrumento legal totalmente desconocido para los dueños de las tierras”.

Entiende que “no está la voluntad política” para discutir el tema ya que “se acomodaría con modificaciones de algunos puntos del decreto reglamentario. Lo venimos planteando hace 16 años; a cada gobernador se lo venimos diciendo. El actual, (Martín) Llaryora recategorizó la secretaría de Ambiente y la llevó a Ministerio y su titular, Victoria Flores no reúne los antecedentes que requieren las actuales circunstancias”.

Laudin subraya que le han pedido varias veces reuniones a Flores y que todavía no tuvieron respuesta. El comunicado sostiene: “Reclamamos de inmediato un informe del Ministerio de Ambiente provincial y la creación de un mapa de ordenamiento territorial real en congruencia con la vida de sus habitantes, la comunidad y su subsistencia; en definitiva, el desarrollo que pregonan y del que somos todos partícipes si nos sentamos a una misma mesa”.