Fuente: INFOBAE
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria, por lo que se retomaron las exportaciones agroindustriales
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dictó la conciliación obligatoria. La medida entró en vigencia este lunes y continuará durante 15 días.
El conflicto de la industria aceitera mantenía paralizada la actividad desde el día martes 6 de agosto. El paro impactaba en alrededor de quince terminales ubicadas en San Lorenzo, Timbúes, San Martín, Ramallo y Bahía Blanca, que son operadas tanto por empresas argentinas como por multinacionales. En ese marco, varios buques se encontraban retenidos, y miles de camiones permanecían parados alrededor de las terminales sin poder descargar granos.
“Al ser un paro imprevisto, generó que 14.000 transportistas quedaron varados y unos 11.000 con carga pero sin salir hacia los puertos”, explicó Gustavo Idígoras, Presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina y del Centro Exportador de Cereales.
Según Idígoras, los ingresos de estos transportistas se vieron comprometidos en aproximadamente 500 millones de pesos (522.000 dólares), mientras que las pérdidas por las penalizaciones por demoras en los embarques ascienden a 50.000 dólares diarios por cada uno de los diez buques que se encuentran en espera.
La medida de fuerza había sido impulsada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), que agrupa a 22 gremios, junto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo, ubicado en la provincia central de Santa Fe, donde se sitúa el mayor polo agroexportador de Argentina.
La huelga fue convocada debido a la falta de acuerdo entre los sindicatos y las tres cámaras empresariales participantes en la negociación paritaria, que en julio debía fijar un nuevo aumento salarial para el sector.
¿Qué reclaman los trabajadores aceiteros?
A pesar de que se levantaron las medidas de fuerza, los reclamos siguen. Los sindicatos exigen que el salario mínimo se actualice a 1.550.000 pesos (1.618 dólares) para el puesto más básico de la escala, con el fin de cubrir nueve necesidades básicas, lo que supone un aumento del 26%. Sin embargo, las empresas ofrecieron un incremento del 17%.
“Las empresas se están negando a pagar un salario que nos permita cubrir nuestras necesidades. Eso es lo que estamos discutiendo con las empresas del polo sojero más grande del mundo”, dijo el secretario general de la FTCIODyARA, Daniel Yofra.
El dirigente señaló que, en 2023, sus salarios representaban solo el 1,7% del costo de producción de las empresas, una cifra que ahora es aún menor debido a la abrupta devaluación de la moneda argentina en diciembre pasado.
“Vamos a seguir esta lucha hasta las últimas consecuencias”, dijo por su parte el secretario general del SOEA de San Lorenzo, Daniel Succi.
Por su parte, desde la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), indicaron que la industria aceitera solicitó la conciliación obligatoria por la imposibilidad que observaron a la hora de intentar recuperar el diálogo con los líderes sindicales y la negativa a permitir a los trabajadores ingresar en las plantas para retornar al normal desarrollo de las actividades”.
Desde las cámaras del sector también afirmaron que “la Secretaría exhorta a las partes en conflicto a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de la actividad involucrada”.
En cuanto al reclamo salarial, desde el sector empresarial aseguraron que el reclamo de contar con un ingreso superior a la inflación ya fue atendido, al ofrecerse un aumento del 12% en julio -retroactivo- y un 5% para septiembre, llevando el total al 107% anual.