La Fiscalía Federal de Villa María ordenó siete allanamientos en distintos puntos de la región en el marco de una investigación por estafa y falsificación de agroquímicos, además de posibles daños al medioambiente.

El operativo, llevado a cabo por agentes de la Gendarmería Nacional el jueves 1 de octubre, tuvo lugar en las sedes y oficinas comerciales de las empresas Agrocampo y Grupo Ceiba, ambas en Pozo del Molle, como así también en los domicilios de los responsables, depósitos y en un campo de Sacanta donde se producían y envasaban los fitosanitarios.

La investigación se originó a raíz de una denuncia efectuada por el apoderado de la empresa Syngenta Agro S.A., a raíz de la supuesta venta de productos agroquímicos adulterados identificados con las marcas de la firma.

«Se logró desarticular una red dedicada a la adulteración, fraccionamiento y comercialización ilegal de agroquímicos falsificados, además de identificar e intervenir el establecimiento utilizado como centro de acopio, procesamiento y distribución de dichas sustancias», se comunicó desde la fiscalía.

«La importancia de la investigación desarrollada finca en el hecho que pudo establecer el fabricante y proveedor de los agroquímicos adulterados, y la existencia de una importante infraestructura destinada a la elaboración de agroquímicos adulterados, compuesta por una significativa cantidad de envases reutilizados, recipientes de almacenamiento y mezcla, equipos de impresión (impresora industrial codificadora) para la confección de las etiquetas falsas, sustancias prohibidas para uso y/o comercialización, así como diversos insumos y elementos necesarios para el acondicionamiento, envasado y distribución de los productos ilegales. Esto se desarrollaba en un inmueble que carecía de la habilitación correspondiente que debe otorgar la autoridad provincial competente», se agregó.

La gran cantidad de químicos, envases, etiquetas de productos con la marca falsificada secuestrados, que serán sometidos a las pericias para determinar no sólo su falta de autenticidad sino también su peligrosidad para el medioambiente, la salud de personas y animales, asciende a los ciento diez millones de pesos ($ 110.000.000).

Además se solicitaron medidas cautelares sobre once vehículos vinculados a los hechos ilícitos para asegurar el decomiso de bienes que son producto o instrumento de los delitos y asegurar la reparación al daño sufrido por el denunciante y también posiblemente el medioambiente.

Finalmente, la autoridad de aplicación del Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia de Córdoba dispuso la clausura de los dos establecimientos comerciales “AGROCAMPO” y “GRUPO CEIBA” para neutralizar en cierta forma los canales utilizados para la distribución y venta al público.

Fuente: Villa María Ya