Según denuncian distintos jefes comunales, las demoras en el cobro de prestaciones médicas realizadas para afiliados de la obra social de jubilados (PAMI)ya acumulan entre siete y nueve meses. La situación obliga a municipios y comunas a cubrir con recursos propios gastos sanitarios que aseguran no pueden seguir sosteniendo por mucho más tiempo.
La preocupación crece especialmente en localidades pequeñas del interior provincial, donde los hospitales municipales son muchas veces el único centro de atención médica disponible para jubilados y vecinos de la región.
En medio de este escenario, un grupo de intendentes viene reclamando respuestas concretas a las autoridades locales del PAMI. Primero lo hicieron mediante notas formales y luego a través de reuniones presenciales, aunque hasta el momento aseguran no haber obtenido soluciones ni fechas claras de pago.
La polémica volvió a escalar en las últimas horas luego de que la intendenta de San Marcos Sud, Claudia Godoy, denunciara públicamente un operativo de auditoría realizado por personal llegado desde Buenos Aires al hospital municipal de su localidad.
La jefa comunal sostuvo que el procedimiento fue “desmedido” y aseguró que la modalidad utilizada se pareció más a un allanamiento que a una inspección administrativa. Según relató, el equipo enviado por el PAMI solicitó documentación vinculada a contratos médicos, historias clínicas, habilitaciones de ambulancias y distintos registros internos del centro de salud.
“Tenemos todo en regla y el hospital funciona normalmente, pero esto fue claramente un mensaje político”, sostuvo la mandataria local, quien además recordó que fue una de las primeras dirigentes en reclamar públicamente por la deuda del organismo nacional.
Godoy también cuestionó que el operativo se haya realizado específicamente en su municipio y señaló que el gasto destinado a la auditoría podría haberse utilizado para cancelar parte de la deuda acumulada, que según indicó ronda los siete millones de pesos.
Desde sectores vinculados al oficialismo nacional rechazaron las acusaciones y aseguraron que las auditorías buscan agilizar los controles administrativos para avanzar luego con los pagos pendientes. También negaron que exista una motivación política detrás del procedimiento.
Mientras tanto, el conflicto ya adquirió una dimensión política mayor en Córdoba. El gobernador Martín Llaryora cuestionó a los referentes locales de La Libertad Avanza y les reclamó intervenir para encontrar una solución a la situación que atraviesan los municipios.
En el entorno libertario, en cambio, sostienen que el manejo del PAMI depende exclusivamente de las autoridades nacionales y del Ministerio de Economía, al tiempo que acusan al gobierno provincial de intentar utilizar el conflicto con fines políticos.
La tensión entre Nación y los municipios cordobeses parece lejos de desactivarse. De hecho, varios intendentes ya comenzaron a organizar una nueva manifestación frente a la sede del PAMI Córdoba prevista para la próxima semana, en reclamo por los fondos adeudados y por la falta de respuestas oficiales.
Aunque muchos reconocen que las protestas tienen más valor simbólico que capacidad real de presión, el malestar crece en el interior provincial, donde advierten que la crisis financiera amenaza con afectar seriamente la prestación de servicios de salud básicos para miles de jubilados.
Fuente: diariocordoba.com.ar
