Los integrantes de la Cámara de Acusación de Córdoba apartaron ayer a la jueza de Control de la ciudad de Río Segundo, María Licia Tulián, de la investigación contra la fiscal villamariense Juliana Companys (foto), al hacer lugar a la recusación planteada por sus abogados defensores.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los vocales Carlos Alberto Salazar, Patricia Farías y Mario Capdevila, quienes, además, dispusieron el apartamiento de la fiscal de Instrucción de la misma localidad cordobesa, Patricia María Baulíes, y el envío de todas las actuaciones al Fuero Anticorrupción.

En la resolución, el tribunal de la capital provincial entendió que existían “elementos objetivos” que justificaban el “temor de parcialidad” manifestado por la Defensa de Companys, integrada por Facundo Cortes Olmedo y Manuel de Allende.

La causa investiga a la fiscal por la presunta comisión de los delitos de “abuso de autoridad” y “falsedad ideológica”, en el marco de expedientes considerados conexos.

Si bien la Cámara aclaró que no se encontraba en discusión la honorabilidad de Tulián, sí cuestionó su actuación concreta dentro del proceso. El fallo sostiene que hubo “hechos objetivos del procedimiento” que habilitan dudas legítimas sobre la neutralidad de la magistrada.

Entre los puntos señalados, los jueces marcaron una “marcada dilación” en una de las investigaciones iniciadas en 2021, que –según indicaron– permaneció prácticamente paralizada durante gran parte de 2024 y todo 2025.

La Cámara de Acusación también criticó que la jueza atribuyera esas demoras a limitaciones “materiales y humanas”, remarcando que una causa contra una fiscal de instrucción reviste “importancia institucional” y requiere celeridad.

Otro de los aspectos observados fue la omisión de incorporar oportunamente al expediente una respuesta del Juzgado de Control del Fuero Anticorrupción vinculada al archivo previo de una denuncia. Según el fallo, ese “error involuntario”, sumado al dictado de secreto de sumario para reunir pruebas sin conocimiento de la defensa, generó “malestar e inquietud” razonables en los recusantes.

En diciembre de 2023, el juez Gustavo Hidalgo había archivado una de las investigaciones por delitos que luego volvieron a ser atribuidos a Companys.

La Cámara determinó que el expediente sea remitido al Fuero Anticorrupción, al considerar que posee competencia “exclusiva y excluyente” en delitos contra la administración pública dentro de la Primera Circunscripción Judicial.

El tribunal entendió, además, que ese fuero cuenta con mejores condiciones técnicas y materiales para avanzar en una investigación de esta complejidad y garantizar el debido proceso.

Con el mismo argumento de especialidad y “confiabilidad institucional”, también se resolvió apartar a la fiscal Baulíes de las actuaciones vinculadas.

De esta manera, la investigación de la “causa Companys” quedará ahora bajo la órbita del Fuero Anticorrupción, a la espera de la designación de uno de sus fiscales y con intervención del juez Hidalgo.