Javier Octavio Sosa, ex presidente del ERSEP, había denunciado, meses antes de los allanamientos en oficinas y domicilios relacionados a Aguas de Villa María, “falta de transparencia y de controles” en la concesionaria del servicio de aguas y cloacas de esta ciudad.

Durante la audiencia pública realizada el pasado 10 de septiembre en el Concejo Deliberante cuestionó el tratamiento del cuadro tarifario de la Cooperativa 15 de Mayo (Aguas de Villa María).

Según trascendió, Javier Sosa habría acudido a la justicia federal con su denuncia, dando así inicio a la causa que derivó en los ocho allanamientos que este jueves realizó, por supuesto lavado de activos, la fiscalía federal de Villa María.

Sosa fue consultado al respecto por Villa María VIVO, pero consideró no opinar en tanto está actuando la justicia.

La denuncia de Sosa en audiencia pública

En audiencia pública de hace tres meses, el ex presidente del ERSEP denunció además que el cuerpo legislativo carece de la información contable esencial para validar técnicamente cualquier modificación en los costos del servicio.

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Explicó ante los concejales y vecinos que resulta inviable analizar la razonabilidad de una tarifa sin conocer los ingresos reales de la prestadora.

Según detalló, el Concejo solo recibió la estructura de costos, pero no los datos de facturación.

“Sin el componente de la facturación es imposible analizar la estructura tarifaria o determinar la ratio de diferencia entre costo y utilidad”, afirmó Sosa durante su intervención del 10 de septiembre.

Sosa argumentó que la ecuación económica financiera requiere comparar los gastos operativos con lo que la empresa cobra efectivamente.

Al no contar con estos números, sostuvo que no se puede saber si el aumento solicitado tiene lógica.

“El Concejo debe dejar de mendigar información cada vez que la cooperativa solicite un aumento”, sentenció el ex funcionario.

“Un monopolio sin árbitro estatal”

El orador contextualizó la situación dentro del artículo 42 de la Constitución Nacional, refiriéndose al servicio de agua y saneamiento en Villa María como un “monopolio natural” que requiere fiscalización estricta.

Sosa advirtió sobre la vulnerabilidad de los vecinos ante la falta de un organismo regulador activo.

“Si no existe un estado árbitro para controlar los monopolios naturales, la relación es salvaje porque el consumidor está sometido a la voluntad exclusiva del prestador del servicio”, declaró Sosa.

Además, recordó que la Carta Orgánica Municipal de 1996 ya prevé herramientas de control que hoy no se aplican.

En esta línea, denunció el incumplimiento del contrato de concesión firmado en 2018.