A cinco meses del crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada el pasado 2 de noviembre en Brinkmann, la causa judicial se reactivó bajo la conducción del fiscal Oscar Gieco. El expediente, que había experimentado una pausa tras la salida de la fiscal Yamila Di Tocco, regresó a manos de Gieco, quien retoma la investigación en su rol de subrogante en Morteros.

Se trata de un caso que no solo conmocionó a la comunidad por la crudeza del hecho, sino también por el vínculo de los imputados con la víctima: su padrastro, Matías Ezequiel Simeone (33); un amigo de este, Cristian Hernán Varela (40); y su madre, Rocío Milagros Rauch (28), todos con imputaciones que los mantienen en prisión preventiva.