La Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT), donde se agrupan las compañías de capitales multinacionales, fustigó con dureza la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) dispuesta por el gobierno de Javier Milei. La medida implica tanto para la maquinaria agrícola como otros rubros que puedan ingresar equipos usados. En lugar de esa medida la cámara consideró que se debe bajar, por ejemplo, la matriz impositiva.

“AFAT expresa su profunda preocupación por la eliminación abrupta del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para maquinaria agrícola. La forma de implementación de esta medida establecida en el Decreto 273/25 generará impactos económicos, sociales y ambientales adversos significativos para el país”, dijo.

En otro tramo remarcó: “Nos encontramos ante una medida que impide una competencia genuina ya que introduce una clara asimetría entre la producción y distribución local, y la importación de maquinaria usada -que no cuenta con garantía ni trazabilidad alguna- proveniente de economías subsidiadas y con cargas sensiblemente menores, tanto en materia fiscal, como en costos laborales; condiciones superiores en financiamiento y promoción de la producción y de la comercialización; en los seguros y en la logística”.

Según la cámara, desde los países que se exporta maquinaria usada se considera que “se trata de mercadería de descarte ya amortizada, por lo cual su valor de exportación es tan bajo que ningún arancel extrazona logra compensarlo como para asegurar una competencia justa, afectando así tanto al mercado local de usados como a las operaciones de compra de maquinaria nueva con retoma de usados”.

En este marco, AFAT precisó que en la Argentina entre el 60 y 75% de las ventas de equipos nuevos “contempla la toma de usados como parte de pago”. Remarcó: “Con esta medida, como lo demuestra la experiencia en otros países que tomaron caminos similares, habrá una consecuencia directa sobre la demanda de maquinaria nueva, y por ende sobre la actividad de los fabricantes, proveedores de materiales e insumos, servicios y distribuidores”.

Para la entidad, cuyas firmas cuentan con 12 plantas industriales, una red de alrededor de 500 puntos de venta en todo el país y la generación de unos 16.700 empleos, entre directos e indirectos, la introducción “irrestricta” de maquinaria usada tiene efectos más amplios.

“No solo atenta contra la necesaria renovación tecnológica mencionada, sino que genera un desequilibrio estructural en el ecosistema productivo en Argentina, cuyas consecuencias exceden lo estrictamente comercial y afectan al empleo; la productividad agropecuaria; la sustentabilidad ambiental y la sanidad fitosanitaria; la seguridad operativa de la maquinaria y de los trabajadores rurales, el transporte y logística asociadas; y la prevención de actividades fraudulentas e ilegales vinculadas al lavado de dinero. En síntesis, tiene el potencial de generar un impacto devastador porque no solo pone en riesgo la posibilidad de incrementar, o sostener, los US$45.000 millones de exportaciones que la agroindustria aporta, y 1 de cada 4 pesos del PBI nacional, sino que también representa una amenaza para los 3,5 millones de empleos directos e indirectos que dependen de esta cadena”.

AFAT remarcó que una máquina nueva es, “como mínimo, un 25% más productiva que la que se utilizaba 10 años atrás”. Señaló que en el parque de maquinaria agrícola argentino más del 70% de las cosechadoras tienen más de 10 años de antigüedad y el 80% de los tractores. “La competitividad de la fabricación local se logra bajando el costo argentino (matriz impositiva, costos laborales, etc.). Importar equipos usados, subsidiados y obsoletos nos alejan de esa meta”, indicó