Hoy nos encontramos reunidos para conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976. Esta fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación 25.633, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.

A lo largo de estos 41 años de democracia, el movimiento de derechos humanos y la mayoría del pueblo argentino ha construido un proceso de Memoria, Verdad y Justicia que es inédito en el mundo. Cabe señalar, en este sentido, la extraordinaria lucha desarrollada por los diversos organismos de derechos humanos, en particular, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que en plena vigencia del terror, crearon espacios de resistencia y visibilizaron los desaparecidos.

Hoy vemos con preocupación la presencia de discursos que ponen en riesgo los acuerdos básicos construidos durante estos 41 años de democracia, sintetizado en el imperativo “Nunca más”. Estos discursos, niegan la existencia del terrorismo de Estado, calificándola de “guerra”, niegan los treinta mil detenidos desaparecidos y definen los crímenes de lesa humanidad como “excesos”.

El desarrollo de cientos de juicios, testimonios e investigaciones, puso de manifiesto, que no se trató de una “guerra”, sino de una violencia ejercida desde el Estado que incluyó la desaparición sistemática de personas, la apropiación de bebés, personas encarceladas y otras tantas forzadas al exilio, persecución, prohibiciones y censura.

La discusión y la consiguiente negación de los 30000, implica negar la existencia de una represión clandestina e ilegal, al margen del sistema judicial. Miles de ciudadanos resultaron víctimas de secuestros, torturas y muertes en centros clandestinos de detención cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus familiares. La cifra de 30.000 expresa este carácter clandestino e ilegal, porque el Estado represor no proporcionó información de dónde están los desaparecidos y los nietos secuestrados. No fueron “excesos” sino crímenes de lesa humanidad, y solo los crímenes cometidos por el Estado pueden ser de lesa humanidad.

El negacionismo y la reivindicación de la dictadura militar, tienen hoy su correlato en la implementación de un programa económico de ajuste que agrede derechos humanos fundamentales como el acceso a los alimentos, la salud, la educación, la vivienda, la energía y la cultura. No podemos dejar de establecer una analogía con la política económica y social implementada por el ministro de economía de la dictadura, Martínez de Hoz, que desmanteló la industria nacional, endeudó al país y eliminó los derechos laborales. No fue casual que las principales víctimas del terrorismo de estado hayan sido obreros, líderes gremiales, estudiantes, empleados, profesionales y docentes.

Hoy la reedición del modelo liberal con la aplicación de un programa de ajuste clásico y ortodoxo, ya tiene sus víctimas, grandes masas de la población excluidas y marginadas. Por otra parte, la vigencia del DNU 70/2023 afecta de manera irreversible los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, pone en riesgo los derechos laborales y socioambientales, el desfinanciamiento de la investigación científica, y promueve el retiro y desguace del Estado habilitando el desarrollo de un capitalismo salvaje sin rostro humano.

En este contexto de acelerada fractura del orden social nos duele la ausencia de empatía y solidaridad con los que sufren el ajuste con la promesa mesiánica en un futuro mejor. Más aún, nos duele y angustia, la banalización del sufrimiento humano y el regodeo perverso con aquel que ha perdido su trabajo, o no tiene para comer, esto constituye un síntoma de la decadencia moral de una reducida élite política que gobierna para beneficio de unos pocos.

También observamos con preocupación, el desarrollo de prácticas políticas sustentadas en la lógica amigo/enemigo que descalifica al adversario político, demoniza a quienes piensan distinto, vulnera la independencia de poderes, el federalismo y criminaliza la protesta. Creemos que la persistencia de esta lógica amigo/enemigo pone en riesgo los mecanismos institucionales de la república, y la vigencia del estado de derecho.

Como lo hemos advertido durante el balotaje, frente a estas políticas que ponen en riesgo el pacto democrático no podemos permanecer neutrales. Es un imperativo la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, la Soberanía Nacional y la Justicia Social.