A diez días del cierre de las elecciones en Córdoba, el Tribunal Electoral confirmó este miércoles al mediodía que Martín Llaryora es el nuevo gobernador de la provincia, al haber obtenido una diferencia de 64.394 votos ante su más directo adversario, el candidato de Juntos por el Cambio, Luis Juez.

De esta manera, Llaryora obtuvo un total de 870.935 votos (45,9%), mientras que Juez obtuvo 806.541 votos (41,85%). El dato lo dio a conocer el integrante del Tribunal Electoral, Leonardo González Zamar, según informó Cadena 3.

En los últimos minutos del domingo 25 de junio, el escrutinio provisorio se detuvo hasta las 6 de la mañana del día siguiente con el 94,9% de las mesas procesadas. Para ese momento, la tendencia se había dado vuelta y los resultados daban por ganador a Martín Llaryora y ubicaba a Luis Juez en un segundo lugar. La diferencia entre ambos era de 57.000 votos.

Días antes de los comicios, la Junta Electoral anunció la incorporación de la tecnología Turing para permitir la carga y transmisión de los datos de las mesas de una manera más transparente, trazable y ágil. Este sistema quedó en el centro de la polémica el día de las elecciones.

Las expectativas en Hacemos Unidos por Córdoba y Juntos por el Cambio se mantenían altas en lo que refería a quién era el candidato a gobernador elegido, debido a que Llaryora mantenía una ventaja de tres puntos respecto a Juez.

Luego de las fallas en el sistema de conteo, Juez pidió a la Justicia Electoral la apertura de las urnas y la lectura de las actas para «la transparencia de los comicios». Además, se negó a reconocer el triunfo de Llaryora. Sin embargo, el Tribunal Electoral ratificó la diferencia de tres puntos a favor del candidato de Hacemos Unidos. Para el escrutinio definitivo, Juez exigió utilizar las actas a mano.

La empresa Ocasa, contratada para la logística y transmisión del resultado de las actas de escrutinio, atribuyó las demoras a «los problemas de conectividad en diversas escuelas de la provincia», aunque remarcaron que no estaba en discusión «la seguridad, la certeza, trazabilidad y verificabilidad de los datos que se están transmitiendo».

El Superior Tribunal de Justicia de Córdoba ordenó el inicio de una investigación para establecer responsabilidades administrativas ante problemas en el proceso de transmisión de datos electorales.