Un juez conservador de Texas retiró en las últimas horas la autorización a nivel nacional para comercializar la píldora abortiva mifepristona, aprobada hace más de 20 años y utilizada para más de la mitad de las interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) que se realizan en el país el último año, en un fallo que no tendrá efecto inmediato ya que va a ser apelado por parte del Gobierno.

Diez meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara el fallo Roe v. Wade, que protegía el acceso al aborto a nivel nacional, el juez Matthew Kacsmaryk emitió desde el estado sureño de Texas una decisión que se supone debe aplicarse en todo el país.

Sin embargo, un juez federal de Washington dijo más tarde que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) debe mantener disponible la píldora abortiva en al menos 12 estados.

Por lo tanto, la decisión quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia, de clara mayoría conservadora, tras ser reformulada su composición por el expresidente Donald Trump.

El fallo del juez Kacsmaryk no tendrá vigencia inmediata porque le dio al Gobierno tiempo para apelar, algo que el Departamento de Justicia ya anunció que hará.

«Mi administración peleará esta decisión», anticipó el presidente Joe Biden en un comunicado difundido por la Casa Blanca en el que alertó que si este fallo se mantiene, cada medicamento regulado será vulnerable a «esta clase de ataques ideológicos y políticos».

Antes, el fiscal general y secretario de Justicia, Merrick Garland, había manifestado en un comunicado que el Gobierno de Biden «está totalmente en desacuerdo con la decisión» del tribunal, y que el fallo «contraviene la opinión experta de la Federal de Alimentos y Medicamentos, dictada hace más de dos décadas, de que la mifepristona es segura y eficaz».

Para la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, esta «decisión sin precedentes amenaza los derechos de las mujeres en el país a tomar decisiones sobre su salud y su capacidad a acceder a los medicamentos recetados por sus médicos».

El fallo del juez texano responde a una demanda presentada en noviembre pasado por una coalición de médicos y organizaciones antiaborto.

Kacsmaryk, nombrado por Trump y ratificado por el Senado en 2019, tomó en cuenta estudios sobre los riesgos atribuidos a esta píldora abortiva, que son considerados insignificantes por la mayoría de la comunidad científica.

En tanto, el grupo opositor al aborto SBA Prolife America, dijo que la decisión es «una victoria para la salud y la seguridad de las mujeres y las niñas» y expresó su esperanza de que «pronto se corrija el peligroso desprecio por la vida de las mujeres mostrado durante dos décadas» por la FDA.

Pero aunque la justicia decida finalmente suspender su uso, se espera que pasen varios meses antes de que se aplique, debido a los engorrosos procedimientos que realiza el organismo antes de retirar la autorización de un producto.

En caso de que se confirme, las mujeres podrán recurrir a una segunda pastilla, el misoprostol, cuyo uso se combina hoy con mifepristona para mayor eficacia y menor dolor.

La píldora abortiva es la opción más utilizada para interrumpir un embarazo.

Según el Instituto Guttmacher, la píldora representó más de la mitad (53%) de los 930.160 abortos registrados en 2020 por esta organización que investiga políticas públicas y de salud reproductiva en EEUU.

En 2008 la cifra era de 17% y en 2017 del 39%, una cifra que si bien se creció en los últimos años, no alcanza el nivel de prevalencia que tiene en naciones europeas como Francia, donde en 2020 los abortos con píldora representaron el 70% del total.