Las bioquímicas Silvia Paola Villalón y Paola Andrea Lucero quedaron detenidas por orden de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Uno Turno 5 de la Justicia de Córdoba, a cargo de Gustavo Dalma, en el marco de una investigación por el supuesto otorgamiento de constancias y certificados falsos de testeos de COVID-19. Ambas están acusadas por los delitos de “estafa y uso de documento privado falso en concurso real”, en el marco de una causa que se inició en enero último a raíz de una denuncia formulada por Pablo Gornitz, titular del laboratorio bioquímico de esta ciudad identificado con su apellido.

Las profesionales Villalón y Lucero acudían a la casa de los ciudadanos que intentaban conocer si estaban o no contagiados y les efectuaban los “estudios”, por los que les cobraban cifras que oscilaban entre los $6.000 y los $11.000, según informó oficialmente ayer el Ministerio Público Fiscal.

Modus operandi

Concretamente, se indicó: “La Unidad Judicial, bajo directivas de la Fiscalía, logró identificar a distintas víctimas que abonaron una suma de dinero para practicarse testeos. Los mismos se realizaron en los domicilios de las víctimas durante el transcurso del año 2020, atento el contexto de pandemia y emergencia sanitaria existente. Estos estudios no se procesaban y las imputadas entregaban como constancia, en algunos casos, certificados falsos del Laboratorio Gornitz, con resultado negativo todos ellos”.

Otros tres imputados

El fiscal Dalma ordenó asimismo la imputación de Florencia Galetto como autora del delito de “falsificación de documento privado” y de Javier Luján Zapata y Rodolfo Adrián Galetto como “partícipes necesarios del delito de estafa, permaneciendo estos últimos tres en libertad”.

En diálogo con El Diario, Pablo Gornitz explicó que “el hecho comenzó el 4 de enero de este año, cuando dos personas que se habían realizado los análisis en la ciudad de Córdoba nos realizaron una consulta, porque se les había generado alguna duda en torno a la rapidez con la que se les habían entregado los resultados; en muy pocas horas”.

“Ante la duda, ingresaron en nuestra página web y notaron que los números telefónicos que figuraban en la papelería que les entregaban no coincidían con los nuestros; es decir, eran los mismos, pero con prefijo de Córdoba y no de Villa María. Entonces nos llamaron, nos preguntaron si nosotros habíamos procesado sus muestras y la respuesta fue negativa. Alguien estaba utilizando nuestro nombre, nuestro membrete… y fuimos directo a la Justicia a realizar la denuncia penal”.

Por la salud pública y por la profesión

“Todo resultó completamente falso. Estamos conformes por cómo se procedió, porque se estaba poniendo en riesgo la salud pública otorgando certificados con resultado negativo a personas que podían o no estar contagiadas; se estaba ensuciando la profesión bioquímica y se estaba manoseando el nombre de Laboratorios Gornitz”, dijo el profesional.

Y por último destacó la labor de la Justicia: “Generalmente hablamos de que los tiempos de la Justicia son lentos, pero quiero decir que se actuó con inmediatez, con suma prolijidad y profesionalismo, para desbaratar este proceder tan delictual”.

El Diario pudo saber que la Fiscalía a cargo de Gustavo Dalma continúa con la investigación, que intenta establecer cómo Silvia Paola Villalón y Paola Andrea Lucero consiguieron hacerse con papelería del reconocido laboratorio villamariense. Una de las líneas de la pesquisa pasa por establecer si ambas contaban con algún “contacto estrecho” dentro de la institución, según dijeron quienes trabajan bajo las órdenes de Dalma.

El otro dato, casi decorativo dentro de una historia que trasunta tanta irresponsabilidad social, es que una de las profesionales, Villalón, consiguió su matrícula a finales de 2019, cuando luego de cursar la carrera el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba le asignó el número 6.235.

Fuente: El Diario de Villa Maria